Desde las elecciones locales de 2010, las vísperas de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y la jornada electoral de 2018, se desplegó el esfuerzo de un grupo político por “trasladar las metodologías políticas” del Estado de México a todo el país. Fallaron. Pero en el esfuerzo, lastimaron a personas e instituciones, escribió hace dos años el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en la introducción de su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2019).

En febrero de 2017, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales (SEIDF) comenzó una investigación por cohecho, ya que el director de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declaró durante un juicio que le dio 10 millones de dólares al extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a cambio de cuatro contratos, información expuesta esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia del miércoles.

Seis meses después de que la Subprocuraduría inició la investigación, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción informaron que durante juicios en Estados Unidos y Brasil se declaró que en el caso de México esos recursos ilícitos se usaron para campañas electorales. Esos millones ilícitos, documentó Nieto en el libro, fluyeron entre 2010 y 2016 por Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Estado de México.

Como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de febrero 2015 a octubre de 2017, decidió tomar el caso Odebrecht. Se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información financiera de Lozoya y sus empresas. Requirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría del Trabajo (STyPS) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

A Pemex se le solicitó vía transparencia el número de contratos que tenía con Odebrecht: “la investigación de la SEIDF hablaba de cuatro, pero nosotros localizamos 42. ¿Dónde estaba el registro de los otros 38 contratos?”, cuestionó Nieto en sus memorias.

Nieto buscó entrevistar a la cabeza del conglomerado, Marcelo Odebrecht, y tener acceso a la información del caso de la Fiscalía de Brasil para probar que se habían transferido millones de dólares con destino a algún proceso electoral mexicano.

“Las transferencias detectadas correspondían a 2010 y 2011 en cuanto a elecciones locales y a 2012 cuando se llevó a cabo la elección federal que puso en Los Pinos al priista Enrique Peña Nieto”, escribió Nieto.

En 2010 los Gobernadores priistas que ganaron las elecciones fueron Javier Duarte Ochoa en Veracruz, quien se reunió en 2011 con Marcelo Odebrecht entorno al proyecto Etileno XXI, César Duarte Jáquez en Chihuahua y Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Los tres han sido extraditados por desvío de recursos públicos. En 2011, el priista Eruviel Ávila Villegas se convirtió en el Gobernador del Estado de México.

Sin embargo, esos presuntos delitos electorales en aquellos comicios de hace casi una década ya prescribieron. Aunque, por el delito de cohecho (soborno), aún hoy, es posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto, observó el actual titular de la UIF.
Además, los probables delitos electorales en las elecciones de 2014-2015 y 2016 no han prescrito. En caso de acreditarse las transferencias monetarias a esas campañas, el probable delito prescribiría en 2026, advirtió Nieto.

En las elecciones de 2015 el PRI arrasó en la Cámara de Diputados, y los priistas que llegaron a Gobiernos fueron Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche (actual presidente del PRI), Claudia Pavlovich Arellano en Sonora, José Ignacio Peralta Sánchez en Colima, Héctor Astudillo Flores en Guerrero, y Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí. Y en las elecciones locales de 2016, salió victorioso Omar Fayad Meneses en Hidalgo, Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, Marco Mena Rodríguez en Tlaxcala y Alejandro Tello en Zacatecas.

En medio de la investigación, recordó Nieto, el sistema político reaccionó “como animal acorralado” cuando vio en peligro sus intereses. Derivado de las declaraciones que hizo al diario Reforma sobre “presiones” de Lozoya para deslindarlo del caso Odebrecht y que le ofreciera disculpas públicas, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (hoy FGR), Alberto Elías Beltrán, encabezó su destitución a finales de octubre de 2017 de manera arbitraria, ya que debió realizarla un Procurador con 10 años de antigüedad.

“En lugar de recriminarme por hacer el trabajo para el cual me designaron, pudieron haber controlado a sus gobernadores y combatir la corrupción en materia electoral. Pero para Peña Nieto proteger a sus amigos era más importante que cumplir la ley. Yo le llamo ‘dinámica del clan’, tan ajena a la visión de Estado”, recriminó Nieto.

LOS OTROS 6 MDD

El conglomerado de Odebrecht solía sobornar con millones a gobiernos de países como Perú y México a cambio de contratos en proyectos petroleros. En el caso específico de Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016, la empresa brasileña le pagaba de manera triangulada por medio de varios esquemas. Uno de ellos consistía en depositar desde una cuenta en Suiza a una empresa en las Islas Vírgenes, relacionada con otras firmas en México y supuestamente en las Islas Caimán, expuso Santiago Nieto en el libro Sin filias ni fobias.

“¿Cuándo empieza la corrupción? En la mayoría de los casos, inicia en los procesos electorales. Las comprendas entre gobiernos y partidos para desviar recursos públicos, generar empresas fantasma o coaccionar a electores por medio de programas sociales se palpa”, reflexionó en su introducción. “El problema no está en las casillas ni en las urnas, radica en cómo llegan los votos a las urnas en los espacios de mayor marginalidad social, en el financiamiento ilícito, en el condicionamiento de programas sociales, en la ausencia de ética pública en los más diversos actores políticos, incluyendo a varios supuestos árbitros electorales”.

Entre abril y noviembre de 2012, el hoy procesado desde un hospital recibió 4 millones de dólares de parte de Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México, mencionado en la audiencia de esta semana. Le pidió que los depósitos se hicieran en Latin American Asia Capital Holding, empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes, desde donde se realizaban depósitos a otra cuenta a nombre de Innovation-Research.

Según la declaración de Norberto Odebrecht, Lozoya Austin además de recibir el soborno de 10 millones de dólares, supuestamente para financiar las elecciones presidenciales, obtuvo 6 millones de dólares más que se le entregaron durante el proceso electoral 2014-2015, las entonces mayores elecciones de la historia, en palabras del Consejero electoral Lorenzo Córdova.

Nieto detalló que por instrucciones de Hildeberto Mascarenhas Alves da Silva filho, y con apoyo de Luiz Mameri, vicepresidente para América Latina y Angola de Odebrecht, se transfirió un millón de dólares a la empresa Zecapan, instalada en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez se trianguló al principado de Liechtesntein. La operación se repitió hasta completar los 6 millones.