La Cámara de Diputados aprobó el llamado Plan B de reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo remitió a los congresos estatales para su ratificación. Esta reforma busca modificar la estructura y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, además de establecer límites a los salarios de funcionarios electorales.
El dictamen fue aprobado en lo general con 377 votos a favor, 102 en contra y sin abstenciones, con el respaldo del oficialismo y Movimiento Ciudadano. En la votación particular, realizada alrededor de las 2:30 de la madrugada, obtuvo 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención; el partido Movimiento Ciudadano votó en contra en esta fase.
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El proyecto fue enviado a las legislaturas estatales y a la de la Ciudad de México. Para que la reforma sea declarada constitucional, debe ser aprobada por al menos 17 congresos locales.
La reforma altera los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con cambios en la integración de ayuntamientos y congresos locales. Cada municipio estará gobernado por un ayuntamiento compuesto por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Además, se establece que los congresos locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto estatal. En materia electoral, consejeros y magistrados no podrán recibir remuneraciones superiores al límite constitucional ni contratar seguros o prestaciones adicionales con recursos públicos.
El dictamen incluye un régimen transitorio para la aplicación progresiva de los cambios, con una armonización legislativa prevista a más tardar el 30 de mayo de 2026. También contempla la reasignación de los ahorros presupuestales a obras de infraestructura y programas sociales.
Durante más de 13 horas de discusión, legisladores oficialistas defendieron la reforma como un avance para reducir privilegios y fortalecer la austeridad. Leonel Godoy, diputado de Morena, afirmó que la votación representa un rechazo a los gastos excesivos en congresos locales y ayuntamientos y enfatizó que la legislación busca transparencia.
Godoy también advirtió a la oposición que ningún plan les resultará satisfactorio, citando a Enrique Peña Nieto: “No va a haber ningún plan que les guste. Ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada”.
En respuesta, el panista Germán Martínez Cázares criticó a Morena recordando un caso de presunta delincuencia organizada vinculado al medio hermano de un legislador morenista, calificando a algunos políticos como “narcopolíticos”.
La oposición cuestionó que la reforma no aborda problemas estructurales y advirtió riesgos para la democracia. Laura Cristina Márquez, diputada del PAN, señaló que la propuesta no surge de un diálogo plural ni atiende las necesidades reales.
Abigail Arredondo, del PRI, calificó el proyecto como un intento de distraer la atención de los problemas graves del país y advirtió que podría centralizar el control de decisiones.
Legisladores de Movimiento Ciudadano reconocieron que algunas medidas de austeridad son pertinentes, pero consideraron que la reforma es limitada y no resuelve aspectos estructurales, según Patricia Flores.
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