La responsable de la política antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que el gobierno estadounidense no solo busca combatir a los grupos criminales, sino también a los funcionarios que presuntamente colaboran o brindan protección a los cárteles de la droga en México.
Durante declaraciones recientes, la funcionaria afirmó que la estrategia de Washington contempla perseguir a quienes faciliten las operaciones del crimen organizado desde cargos públicos o estructuras gubernamentales. Según sus palabras, el objetivo es atacar tanto a las organizaciones criminales como a las redes de apoyo que les permiten operar y expandirse.
Las declaraciones se producen en medio del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, así como de una creciente preocupación por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense. De acuerdo con Carter, las investigaciones buscan identificar a personas que hayan utilizado posiciones de poder para favorecer actividades ilícitas o impedir acciones de las autoridades contra grupos criminales.
Endurecen postura contra redes de protección criminal
La llamada “zar antidrogas” sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere desmantelar las estructuras financieras, políticas y operativas que respaldan a los cárteles. En ese sentido, señaló que las autoridades estadounidenses continuarán recopilando información y colaborando con agencias nacionales e internacionales para detectar posibles actos de corrupción vinculados con el crimen organizado.
Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente presión por parte de Washington para combatir el tráfico de fentanilo, considerado una de las principales amenazas de salud pública en Estados Unidos. Diversos funcionarios estadounidenses han señalado que el combate a estas redes requiere una acción coordinada que incluya investigaciones sobre lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción.
Aunque Carter no mencionó nombres específicos ni presentó acusaciones concretas contra funcionarios mexicanos, sus declaraciones han generado reacciones en distintos sectores políticos debido a la sensibilidad del tema y a las implicaciones que tendría cualquier investigación de carácter internacional.
Analistas consideran que este tipo de posicionamientos reflejan una estrategia más agresiva por parte de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas y el movimiento de recursos ilícitos.
Por ahora, las autoridades mexicanas no han emitido una respuesta formal sobre las declaraciones de la funcionaria estadounidense. Sin embargo, el tema vuelve a colocar en el centro del debate la cooperación bilateral en materia de seguridad y los desafíos que enfrentan ambos países para combatir al crimen organizado.
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