La muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, durante redadas migratorias en Mineápolis, ha provocado una fuerte ola de protestas y condenas en Estados Unidos. Se trata del segundo ciudadano estadounidense muerto en menos de un mes en operativos federales de inmigración.
Cientos de personas salieron a las calles pese al clima gélido para exigir justicia por el tiroteo ocurrido el sábado. Videos difundidos en redes sociales muestran un forcejeo entre agentes federales y Pretti momentos antes de que se escucharan los disparos.
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Las autoridades federales y estatales ofrecieron versiones contradictorias sobre lo sucedido. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los agentes actuaron en defensa propia, testigos, familiares y funcionarios locales afirman que Pretti tenía un teléfono en la mano, no un arma.
El presidente Donald Trump declaró que su administración está “revisando todo” lo relacionado con el caso. En una entrevista con The Wall Street Journal, señaló que no le gustan los disparos, pero insinuó preocupación por la supuesta presencia de un arma durante el incidente.
La indignación creció cuando el gobierno de Trump calificó a Pretti como “terrorista doméstico”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que intentó perpetuar la violencia, versión que ha sido ampliamente cuestionada tras la difusión de nuevos videos.
Un análisis de BBC Verify concluyó que las grabaciones muestran a Pretti filmando a los agentes con su teléfono, interponiéndose para proteger a otra persona y siendo rociado con gas pimienta antes de caer al suelo. Ninguno de los videos disponibles lo muestra portando un arma.
Las protestas se extendieron a ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, donde los manifestantes exigieron “Justicia para Alex” y la abolición del ICE. En Mineápolis, se realizaron vigilias con velas en el lugar del tiroteo.
La reacción también alcanzó al ámbito político y empresarial. Gobernadores republicanos, senadores y directores ejecutivos de más de 60 empresas, entre ellas 3M, Target y Best Buy, pidieron reducir tensiones y revisar las tácticas federales.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho como “repugnante” y acusó a agentes federales de eliminar pruebas. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, exigió la retirada del ICE del estado, cuestionando cuántas muertes más serán necesarias para frenar el operativo.
Este caso ocurre en medio de una ofensiva migratoria ordenada por Trump, que desplegó dos mil agentes federales para ejecutar lo que llamó “la mayor operación de inmigración jamás vista”. Minnesota alberga la mayor comunidad somalí del país, uno de los focos centrales de estas redadas.