El gobierno de Joe Biden ha anunciado una serie de nuevas acciones destinadas a combatir el tráfico ilegal de opioides, en particular el fentanilo, como parte de su esfuerzo continuo para abordar la creciente crisis de muertes relacionadas con estas sustancias.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos ha presentado una estrategia titulada “Strategy for combating illicit opioids”, que tiene como objetivo abordar este problema tanto en suelo estadounidense como en otros países.
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Una parte esencial de esta estrategia implica un importante despliegue de personal en México para el año 2025.
Esto se llevará a cabo a través de la expansión de las Unidades de Investigación Criminal Transnacional (TCIUs) de la HSI, que desempeñarán un papel fundamental en la investigación y desmantelamiento de las cadenas de suministro ilícito de opioides.
Con una mayor presencia de personal en oficinas extranjeras y la capacitación de otras agencias, se busca incrementar la acción policial fuera de Estados Unidos.
Esto es especialmente relevante en la lucha contra el fentanilo producido y traficado por grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde la unidad de investigación de la HSI en México juega un papel crucial en la prevención de la llegada de este opioide a comunidades estadounidenses.
Mercado de opioides ilegales
El plan establece que, en el año fiscal 2025, la HSI expandirá de manera agresiva la TCIU en México y realizará cambios operativos para mejorar la productividad y enfocarse en la manufactura ilícita de opioides. Además, se menciona que se prestará especial atención al monitoreo de armas de fuego que ingresan a México por la frontera sur, así como a las redes de adquisición activas en Estados Unidos. La Operación Sin dejar Rastro (Without a Trace, o WaT) es identificada como un pilar importante en esta estrategia, enfocada en la compra, transporte y distribución ilegal de armas, componentes y municiones.
Esta estrategia surge en medio de la preocupación por la producción de fentanilo en suelo mexicano y su tráfico hacia el mercado estadounidense, lo que ha llevado a un incremento en el número de sobredosis y muertes en Estados Unidos. La Estrategia señala que la mayoría del fentanilo que afecta a los estadounidenses proviene de México.
Es importante destacar que el anuncio no aclara si el envío de más agentes estadounidenses a México se llevará a cabo de manera discreta o si se notificará al gobierno mexicano para su cooperación.
Este tema ha sido motivo de controversia en el pasado, ya que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado preocupación por las operaciones de investigadores estadounidenses en México sin la debida notificación a las autoridades mexicanas, lo que llevó a restricciones en las operaciones de la DEA en México.
