España prohibirá redes sociales a menores de 16 años

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España estaría buscando más regulaciones de las redes sociales y prohibirlas para menores de 16 años. | Foto: Pexels.
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Ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una medida que marca un giro decisivo en la regulación digital.

El anuncio se realizó el martes 3 de febrero de 2026 y forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a endurecer el control sobre las plataformas digitales y frenar los efectos de la desinformación y el odio en línea.

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Sánchez afirmó que su gobierno exigirá responsabilidades legales a los directivos de las redes sociales, quienes serán considerados responsables de las infracciones cometidas en las plataformas que gestionan, con el fin de acabar con su impunidad.

Entre las medidas anunciadas destaca que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Además, el Ejecutivo estudiará junto a la Fiscalía posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

El mandatario también comunicó la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad, destinado a identificar lo que denominó una “huella de odio y polarización” en el entorno digital.

En el ámbito europeo, Sánchez informó de que España se ha unido a cinco países en la Coalición de los Dispuestos Digitales, una alianza que busca avanzar de forma coordinada hacia una regulación más estricta y eficaz de las redes sociales.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo calificó las plataformas sociales como “un estado fallido”, donde se ignoran las leyes, se toleran delitos y la desinformación prevalece sobre la verdad, mientras muchos usuarios sufren ataques de odio.

Finalmente, Sánchez insistió en la necesidad de “recuperar el control” y garantizar que las plataformas cumplan las normas como cualquier otro actor. Reconoció la dificultad del desafío, pero subrayó que la determinación del Gobierno es mayor que el poder económico de estas empresas.

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