El hecho de que balean a diputados locales de Sinaloa encendió las alertas en el ámbito político. El ataque ocurrió el 28 de enero en Culiacán, cuando los legisladores salían del Congreso estatal.
Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ambos representantes de Movimiento Ciudadano, fueron agredidos a balazos por sujetos que se desplazaban en motocicleta.
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La agresión se registró en la zona conocida como el Malecón Viejo, cerca de las oficinas del partido. Los diputados viajaban en una camioneta blanca junto a un escolta, quien también resultó herido. El ataque ocurrió poco después del mediodía, mientras cruzaban un paso peatonal en el centro de la ciudad.
Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.
— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 28, 2026
La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.
Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad.
Estado de salud y reacción oficial
Tras el ataque, los tres heridos fueron trasladados a hospitales locales. El diputado Sergio Torres Félix, también dirigente estatal de MC, se encontraba en estado delicado. La diputada Elizabeth Montoya Ojeda presentaba un pronóstico más favorable, aunque permanecía bajo observación médica.
El hecho de que balean a diputados locales de Sinaloa generó reacciones inmediatas. Autoridades estatales activaron operativos de seguridad en la zona y comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables.
Este ataque se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a figuras políticas en el país, elevando la preocupación por los riesgos que enfrentan representantes públicos en funciones.
El hecho de que balean a diputados locales de Sinaloa refleja la urgencia de reforzar medidas de protección para quienes ejercen cargos legislativos. La ciudadanía y los partidos políticos exigen respuestas claras ante este tipo de agresiones.
La violencia contra representantes públicos debe ser atendida con firmeza. Este caso invita a seguir explorando cómo fortalecer la seguridad institucional y proteger a quienes participan en la vida democrática del país.
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