El pasado miércoles 1 de febrero dio inicio el segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura. A dos años de distancia, cada vez resulta más evidente lo apresurado y accidentado de la negociación política que permitió aprobar, por un lado, la llevada y traída Reforma Energética y, por el otro, la reforma político-electoral.

En esta entrega me concentraré en tan sólo un elemento de aquella reforma que no ha ocupado la atención que merece de parte del Congreso y nuestras autoridades electorales: el traslape en los tiempos de implementación de la reelección legislativa, de cabildos y presidencias municipales.

Vayamos por partes. La reelección para cargos legislativos y municipales está permitida desde la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. A nivel federal, las y los legisladores que la aprobaron no pudieron ser beneficiarios de ella. Tampoco el Congreso elegido en 2015. Gracias a un artículo transitorio, la reelección legislativa a nivel federal se observará, por primera vez en este siglo, en 2021 para diputaciones y en 2024 para senadurías.

¿Cuál es el problema entonces? Sucede que, desde 2014, tanto alcaldes (as) como diputadas (os) locales no tienen impedimento constitucional para buscar la reelección —a menos, claro está, que su legislación local la haya postergado al igual que en el caso federal—. Esto quiere decir que la mayoría de los ayuntamientos y 17 congresos locales elegidos en 2015 podrán buscar la reelección este 2018. La reelección ocurrirá a nivel local tres años antes que a nivel federal.

Pero hay más. Nuestras reglas electorales están diseñadas para un sistema sin reelección. La reforma del 2014 que creó al INE y dio lugar a sendas leyes generales electorales (LGIPE y LGPP) es sumamente escueta en cuanto a cómo implementar la nueva figura de reelección. Con honrosas excepciones, las leyes locales de muchas entidades son igualmente escuetas.

Por un lado, si la legislación electoral —local o federal— se queda como está, será sumamente difícil organizar un proceso electoral con cientos de alcaldes y legisladores (as) buscando su reelección frente a retadores (as) que estén fuera del poder. En segundo lugar, si alguna legislación local se reforma antes que la federal, podremos llegar a 2018 con reglas electorales más incoherentes que las que tenemos ahora. Por último, si la legislación federal en torno a la reelección no se modifica en esta Legislatura, entonces el Congreso siguiente tendrá que legislar las reglas de su propia reelección. Hoy por hoy, los congresos locales ya enfrentan el dilema de tener que legislar en su propio beneficio.

Los procesos electorales locales y federal de 2018 darán inicio en unos cuantos meses más. Y toda vez que toca al INE organizar las elecciones en prácticamente todo el país, cualquier reforma electoral local, casi por fuerza tiene un impacto en el trabajo de ese Instituto.

La mayoría de los ayuntamientos y 17 congresos locales elegidos en 2015 podrán buscar la reelección este 2018.

Si llegamos al 2018 con reglas incompatibles con la reelección a nivel local, tocará a los partidos políticos, a las y los potenciales candidatos y al Tribunal Electoral hacer la difícil tarea que los promotores de la reforma político electoral de 2014 dejaron pendiente. ¿Sería lo mejor?

¿De qué tamaño es el reto? Van tan sólo algunos de ellos a bote pronto: reelección y paridad de género, procesos de selección de candidaturas, actos anticipados de campaña, propaganda personalizada, acceso a medios, fiscalización de gastos de campaña de candidatos (as) con un cargo o sin él, candidaturas independientes y un largo etcétera. Ha llegado la hora de legislar la reelección en México. ¿Se ocupará de ello el Congreso?