* La CNDH criticó que a un año de los graves hechos ocurridos “está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados”

El supuesto enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército en San Pedro El Limón del municipio de Tlatlaya dejó como saldo 22 muertos hace justo un año. Foto: Archivo

Redacción | lunes 29 de junio de 2015

México, D. F.- Al cumplirse un año del asesinato de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, la vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, demandó avances en las investigaciones y en la reparación del daño a las víctimas.

Hizo un llamado a las autoridades mexicanos para que “incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos” cometidas en el supuesto enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, que dejó como saldo 22 muertos hace justo un año.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, criticó que a un año de los graves hechos ocurridos en Tlatlaya “está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados”.

La vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, exigió al Gobierno mexicano avances en las investigaciones del caso Tlatlaya y en la reparación del daño de las víctimas.

“A pesar de que un oficial y seis soldados están esperando juicio, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que amplíen sus investigaciones e incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014”, señaló desde Ginebra.

Al cumplirse un año del asesinato de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, la ONU demandó avances en las investigaciones y en la reparación del daño a las víctimas; aquí, la bodega en la que ocurrieron los asesinatos. Foto: Archivo

Cécile Pouilly destacó que en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, e indicó que las tres mujeres que presenciaron los hechos también han alegado haber sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y torturas.

“Como en cualquier caso que involucre presuntas violaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, es requerida una investigación rápida, completa, efectiva, independiente e imparcial.

“Investigar dichos casos y llevar a las personas responsables a la justicia es la mejor forma de garantizar que dichas violaciones no sucedan nuevamente”, indicó.

Pendiente, responsabilidad de servidores públicos involucrados

En tanto, la CNDH a través de un comunicado emitido hoy, señaló que “la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en lo relacionado con la reparación del daño y la atención a las víctimas ha iniciado un trabajo de coordinación con la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), la cual dio a conocer que una de las familias ya ha sido indemnizad”.

Sin embargo alertó que “está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados”.

El organismo destacó que “su Recomendación 51/2014 ha sido parcialmente cumplida por las autoridades destinatarias”, por lo que pidió “mayor celeridad en su cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes de información”.

Precisó que en la fase de seguimiento, ha enviado 27 solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobierno del Estado de México y en colaboración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de las que ha recibido 29 oficios de respuesta.

Refirió que “Tlatlaya es un caso de violaciones graves a derechos humanos que lastima a la sociedad y no debe repetirse. Para eso hace valer los instrumentos y las facultades que la ley le otorga”.
La CNDH destacó que el gobierno del Estado de México ha cumplido los puntos relacionados con las garantías de no repetición, consistentes en los cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría y el de colaboración con el propio organismo para el registro de las víctimas ante la CEAV.

Sin embargo, dijo, “quedan pendientes los puntos recomendatorios relacionados con la indemnización y atención médica y psicológica a las víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos”.

Tlatlaya, un alto costo para la Sedena

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que el caso de Tlatlaya ha sido tratado de forma “superficial” y admitió que ha causado un “alto costo” a las Fuerzas Armadas. Agregó que “ha sido muy costoso (para el Ejército), y también me parece que ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas”.

Este lunes, El Universal publicó una entrevista con el General Cienfuegos, quien aseguró que ha faltado información y que, por ello, la sociedad “no está enterada de todas las limitaciones” que el Ejército tiene.

Sin embargo, en abril pasado la Comisión Especial sobre Tlatlaya de la Cámara de Diputados denunció que la misma Sedena, la PGR y el gobierno del estado de México negaron la información, lo cual, a la fecha sigue suponiendo un impedimento para lograr dar justicia en el caso.

Fuente: Reforma, Sin Embargo
Enlance Original: Red-accion