Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
5.3 millones robados y cero castigo
Hay una forma de morir que no deja cadáveres, pero sí instituciones vacías, conciencias anestesiadas y comunidades humilladas: morir engañados por la justicia. Cuando la ley se convierte en un laberinto diseñado para que los culpables ganen tiempo, y el tiempo se vuelve moneda de negociación política, la justicia deja de ser justicia y se transforma en una simulación burocrática del poder.
El caso del presunto desfalco de 5.3 millones de pesos en el sindicato de la Universidad Autónoma de Occidente donde se denuncia a su líder sindical Raúl Portillo Molina no es solo un expediente judicial: es una radiografía moral del sistema. Dos años de audiencias fallidas, licencias médicas estratégicas, ausencias perfectamente justificadas y una danza jurídica que, aunque legal, resulta obscenamente inmoral.
Aquí aparece la paradoja del Estado de Derecho en México: lo legal no siempre es justo, y lo justo rara vez es oportuno. La técnica jurídica, concebida para proteger derechos fundamentales, se vuelve escudo de quienes han traicionado la confianza colectiva. El líder sindical mencionado que debería ser garante del patrimonio de los trabajadores se transforma en su presunto depredador, y la norma procesal, en su aliada involuntaria.
Desde la filosofía política, esto no es un simple caso de corrupción: es un síntoma de la decadencia institucional. Hannah Arendt advertía que el mal más peligroso no es el que grita, sino el que se normaliza. Cuando un acusado se pasea impune por los pasillos de la universidad, burlándose de quienes denunciaron, lo que se erosiona no es solo la ley, sino la idea misma de comunidad. Se rompe el pacto tácito que sostiene a toda institución: la confianza.
En términos jurisconsultivos, el retraso procesal no es neutral. La dilación injustificada vulnera el derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita, principio consagrado constitucionalmente. Cada audiencia pospuesta no es un trámite: es una violación al espíritu del artículo 17 constitucional. El tiempo, en estos casos, no es solo cronología; es estrategia de poder.
Más inquietante aún es el trasfondo político. La posibilidad de que la dilación sirva para negociar salidas, blindar redes de complicidad y operar sucesiones sindicales o universitarias revela una patología profunda: la colonización de la universidad por lógicas facciosas. La universidad, que debería ser templo del pensamiento crítico, se convierte en botín de guerra. El sindicato, que debería ser escudo del trabajador, se vuelve espada contra él.
La figura detrás del líder sindical denunciado por dicho desfalco millonario, Ezequiel Avilés Ochoa el “candidato eterno” que acecha rectorías mientras el escándalo se diluye en el calendario judicial no es anecdótica: es estructural. La impunidad no es solo ausencia de castigo, es un sistema de incentivos perversos donde robar sale barato y denunciar sale caro. Si el Poder Judicial, las autoridades universitarias y la comunidad no toman cartas serias, no solo perderán credibilidad: perderán el alma de la universidad. Y una universidad sin alma es solo un edificio con diplomas.
GOTITAS DE AGUA:
La pregunta ya no es qué pasará con Raúl Portillo Molina o con sus aliados. La pregunta es más inquietante: ¿qué pasará con una sociedad que aprende a convivir con el robo como si fuera un trámite y con la impunidad como si fuera destino? Porque no hay peor síntoma que morir engañados. Y no hay peor engaño que creer que la justicia llegará sola, sin presión social, sin indignación colectiva y sin voluntad política real. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
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