No veo, no escucho, no hablo, esa es la política que está implementando la 4T con los trabajadores de la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, y es que los mineros hicieron llegar un documento a la Presidencia de la República y a las secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía para pedir la intervención de éstas y sacar de la mina al grupo de golpeadores que la tienen tomada desde hace año y medio y que por si fuera poco pretenden quedarse con el Contrato Colectivo de Trabajo.   

En dicho escrito, firmado por 120 trabajadores y sus familias, piden la reactivación de la mina y denuncian que Yaser Beltrán y Napoleón Gómez Urrutia la tienen tomada junto con integrantes del crimen organizado. Los mineros dejaron en claro que  Napillo  y Yaser, no viven ni trabajan en Cosalá así que no tienen prisa en la reactivación al no sufrir afectación económica.

El escrito no tuvo eco, salvo el clásico “no es asunto nuestro” por parte de la Secretaría de Economía. Es importante recordar que las dependencias citadas tienen injerencia en el tema, ya que las tres secretarías de Estado han encabezado las fallidas pláticas conciliatorias, por lo que la respuesta de Tatiana Clouthier deja ver su falta de interés, empatía y solidaridad con la clase obrera.

Las demás dependencias ignoraron el escrito y el sentir de los trabajadores, mas no el tema, ya que la semana pasada fue abordado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la conferencia mañanera. 

La exministra respondió a su modo y como ya lo había hecho antes, apoyando a Napoleón Gómez Urrutia, reiteró que la empresa está en pláticas con el Sindicato de Napillo para arreglar el conflicto, pasando por alto que la mina está secuestrada, que el Contrato Colectivo de Trabajo sigue en litigio con dos sindicatos más y que hay mínimo seis amparos por irregularidades. Para sorpresa de todos, a pesar de su gran experiencia en la impartición de justicia, Sánchez Cordero avaló estas pláticas a todas luces violatorias y que se enfilan a imponer a Gómez Urrutia como titular del CCT.

Con estos antecedentes, las negociaciones de la mina de Cosalá suenan a farsa y mentira, huele a una notoria intervención del Gobierno para imponer a Gómez Urrutia y sabe a violación de la libertad sindical. Es una vergüenza para el sector obrero que esta administración decida de acuerdo a su amistad, compadrazgo, conveniencia o simpatía, quién es el bueno y quién es el malo. 

Deben dejar de maltratar a la clase obrera y hacer cumplir la ley, exigirle a su amigo Napillo que devuelva los 55 millones de dólares que le robó a los trabajadores mineros, tal como ya lo ordenó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dejarle en claro que los centros de trabajo no se invaden ni se secuestran y que los CCT se ganan mediante el voto libre, secreto y directo y no bajo amenazas.

La autoridad no hace nada, finge demencia, experimenta ceguera y sordera. Hay quien asegura que la omisión es parte de una estrategia de la cúpula del poder para librar a Napo del pago de los 55 millones de dólares, ya que dicen que parte de ese dinero fue a dar presuntamente a la campaña del entonces candidato López Obrador, a cambio  Napito  obtuvo su senaduría plurinominal.

También hay quien dice que los escándalos del senador morenista funcionan como cortina de humo frente a las acusaciones contra el ejecutivo por supuesta intromisión en los procesos electorales. 

Lo que es un hecho es que en todo momento el Gobierno inclina la balanza en favor de Gómez Urrutia, acciones que sin duda levantan sospechas dejando mucho qué pensar y qué hablar.

 @CarlosPavonC