Hoy Estado de México – diciembre 15, 2020
La atención brindada a víctimas de un delito se torna insuficiente en el Edomex, por lo que la legisladora Karina Labastida Sotelo, lanzó una iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de México, con el objetivo de derogar la expedida el pasado 17 de agosto de 2015.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, quienes son víctimas no denuncian, pues no confían en las autoridades, y en un 90.3% de los delitos estimados la víctima aseguró haber sido dañado.
“Estos indicadores de victimización, con tendencia al alza, evidencian las debilidades institucionales y normativas existentes en la entidad, pero no son los únicos. Otro elemento que denota la precariedad del Estado de su función de justicia y de protección de las víctimas, la constituyen los linchamientos, que hasta 2017 había al menos nueve municipios rojos por esta incidencia”.
La diputada informó que esta iniciativa busca invalidar la Ley de Víctimas del Estado de México y realizar una Ley nueva con disposiciones ajustadas a la Ley General de Víctimas y a medidas universales e interamericanas.
La iniciativa acabaría con el término “ofendido” y consideraría el de “Víctima”, tomando en cuenta las víctimas directas, indirectas, potenciales y colectivas.
De la misma manera, amplifica el catálogo de la Ley General de Víctimas, considerando el enfoque interseccional, la perspectiva de género, la presunción de inocencia, la resiliencia, la solidaridad, la subsidiariedad y el enfoque de justicia transicional, dando prioridad a la atención de las víctimas y el resguardo de su dignidad, para protegerlos lo más posible de los abusos de autoridades y de que sus derechos sean violados.
Asimismo, se crea el Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México encargado de las políticas públicas para la salvaguardia, apoyo, asistencia, atención, justicia, verdad y reparación integral a las víctimas en el terreno estatal y municipal. Está integrado por diversas dependencias y órganos del Poder Ejecutivo, por varias Comisiones del Poder Legislativo, por el Poder Judicial y órganos constitucionales autónomos.
Por otro lado, se suman a la estructura, dos órganos fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Local de Búsqueda de Personas.
También se crea el “Centro para la Construcción de Memoria, Verdad y Justicia en el Estado de México”, exclusivo de investigación y estudio adecuado para rescatar y edificar la memoria histórica y social de las víctimas, que surge desde los testimonios sobre las violaciones a derechos humanos.
