El pasado 20 de agosto el panista campechano presentó un escrito a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR para pedir que le informaran si había alguna carpeta de investigación en su contra.
Un juez federal instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) responderle al senador panista Jorge Luis Lavalle Maury si es o no investigado por la denuncia de Emilio Lozoya, quien lo acusa de recibir sobornos para aprobar la reforma energética.
Rafael Caraveo Opengo, el ex funcionario del Senado que aparece recibiendo bolsas de billetes en un video difundido en agosto pasado, declaró en dicha indagatoria que Lavalle es quien lo enviaba con funcionarios de Pemex para recoger maletas de efectivo.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, otorgó al legislador la protección de la justicia, para que la Fiscalía le responda a una petición en la que pide aclararle su situación jurídica y, de ser el caso, garantizar su derecho de defensa.
El pasado 20 de agosto el panista campechano presentó un escrito a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR para pedir que le informaran si había alguna carpeta de investigación en su contra.
Adelantándose a la respuesta, señaló domicilio para recibir notificaciones y autorizados; además, pidió que le respetaran su derecho de defensa y de igualdad entre las partes y que lo citaran a declarar en calidad de imputado.
Ante el silencio de la autoridad, el 4 de septiembre pasado promovió un amparo con el propósito de obligar a la autoridad a darle respuesta y, acto seguido, el juez Mejía requirió a la FGR para que informara si era cierto lo que reclamaba el senador.
Fue hasta el 28 de septiembre cuando Juan Ramos, Subprocurador de Delitos Federales, negó en su informe justificado la omisión de respuesta y dijo estar dentro de los plazos legales para dar contestación, argumentando que la Constitución le daba 4 meses para hacerlo y se cumplirían hasta el 21 de diciembre.
Pero el juez Mejía reprochó dicha manifestación, porque estimó que tan sólo los dos meses transcurridos entre la solicitud de Lavalle y el día en que el subprocurador rindió su informe a la autoridad judicial, eran más que suficientes para responder si el legislador era indagado.
“Al recibir el escrito de petición que se cuestiona, la responsable (FGR) debió en breve término emitir una respuesta congruente con lo pedido y dárselo a conocer por escrito, mediante la correspondiente notificación practicada conforme con las disposiciones legales aplicables; y al no haberlo hecho así, se controvierte lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución (el derecho de petición)”, dice el fallo del juez dictado el pasado viernes.
“(Se ordena a la FGR dar) respuesta completa y congruente al escrito presentado por el quejoso, el 20 de agosto de 2020, es decir, emita una contestación en sentido positivo o negativo de manera clara y precisa; en la cual, deberá atender todos los puntos de la petición del quejoso”.
El fallo del juez Mejía no es la última palabra en este litigio, pues la FGR está en posibilidad de presentar un recurso de apelación, mismo que eventualmente resolverá un tribunal unitario.
Información Milenio, Reforma, Excélsior
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