El problema no es nuevo, sin embargo, con la llegada de la pandemia de coronavirus a México, los asesinatos, las llamadas de auxilio y la violencia contra las mujeres se han intensificado.
La austeridad presupuestaria sin perspectiva de género, la priorización de otros programas sociales y fallas acumuladas de algunas políticas públicas son ejemplos de la incapacidad del Estado mexicano para hacer frente a la violencia contra las mujeres, desde antes de la pandemia.
Las medidas de confinamiento y distanciamiento social implementadas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 han significado un reto para la economía, educación y para la seguridad en el país, no obstante, algunos sectores han resentido con mayor fuerza sus impactos.
Así pues, las llamadas de auxilio, los asesinatos de mujeres y la violencia familiar se han intensificado.
De acuerdo al informe “Las dos pandemias: Violencia contra las mujeres en México en el contexto de Covid-19, apunta que, en abril de 2020, 11.2 mujeres fueron asesinadas por día en promedio; además, de marzo a abril, los homicidios perpetuados hacia este grupo de la población 2%, mientras que los asesinatos de hombres se redujeron 0.2%
Por otra parte, el total de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres en el cuarto mes del año arrojó un promedio de 143 por hora.
Por su parte, la Red Nacional de Refugios documentó un aumento en las atenciones, acompañamientos y orientaciones brindadas entre marzo y mayo, periodo en el que se brindó ayuda a 12, 710 mujeres, niñas y niños que hicieron uso de llamadas o mensajes de auxilio.
“Finalmente, los registros de marzo de 2020 representan la mayor tasa de apertura de investigaciones penales por violencia familiar desde que el delito comenzó a ser registrado a nivel nacional en 2015”, explica el estudio.
Este análisis acusa que las medidas, estrategias, políticas públicas y autoridades del Estado mexicano no han atendido debidamente la emergencia de violencia en contra de las mujeres.
Cuestiones como la austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni derechos humanos, el debilitamiento, los recortes de recursos destinados a los refugios que atienden a víctimas de violencia, la priorización de otros programas gubernamentales y las fallas acumuladas de algunas políticas públicas, son cinco ejemplos que obstaculizan la atención adecuada a dicho problema.
Sin embargo, el problema no es nuevo; antes de que la contingencia sanitaria por el coronavirus irrumpiera en México, la violencia en contra de las mujeres ya era una situación de alerta pública. Desde el 2007, los asesinatos de las mujeres aumentaron “dramáticamente”, pasando de ser 1,089 en ese año (una tasa de 2 mujeres por cada 100,000 habitantes) a 3,824 en el 2019.
“Durante el mes de marzo, se registraron 20,232 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar abiertas en las fiscalías estatales del país. Esta cifra es mayor en comparación con las investigaciones iniciadas tanto en febrero como en enero de este año. Esta tendencia se mantiene incluso al realizar un contraste con cifras de años anteriores.
De hecho, los registros de marzo de 2020 representan la mayor tasa de apertura de investigaciones penales por violencia familiar desde que el delito empezó́ a ser registrado a nivel nacional en 2015″, explica la organización.
Información: La Vanguardia, Infobae y 20 minutos.
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