El primer domingo de adviento marca una época particular de esperanza que nos prepara hacia un nuevo ciclo, como parte de un renacimiento del ciclo de la vida y la fecundidad marcada por la vida que da la primavera y la renovación de los ánimos después de la cosecha y el avituallamiento para el invierno, que a su vez se convierte en la liturgia de las intenciones a través del nacimiento de la divinidad entre nosotros.
Es así, que este 2020 nos ha acompañado con una serie de sucesos que revolucionó la forma de ser de la sociedad, no solamente por el marco del cuidado de la salud en el marco de la pandemia, sino como parte de una nueva conducta marcada por las etiquetas de las relaciones digitales en las cuales, gran parte del avance de las actividades que mantuvieron a flote a la economía de este año, fue precisamente por la alternativa digital que permitió establecer planes de reacción para dar continuidad a las actividades, quizá por eso, a pesar de la crudeza de las inclemencias, posiblemente, la crisis sufrida a pesa de que fue devastadora, no contó con un efecto aniquilador, propio de dichos fenómenos.
Es decir, si bien gran parte de los análisis coinciden con que los efectos en la economía son equiparables a la Gran Depresión estadounidense, o al periodo de crisis de las posguerras del siglo XX, la prospectiva de recuperación económica puede advertirse a la vuelta de la esquina a través de una mejor descripción de nuestra realidad y su entorno a través de los datos, es decir, la digitalización en la que nos encontramos se afianzó como parte de nuestra realidad, y, actualmente constituye la principal estrategia en la recuperación económica a través de la transición hacia el entorno digital.
Como puede apreciarse del rastro digital de mis colaboraciones, el que escribe sin necesidad de adoptar una postura política, menos partidista, se vuelca sobre el análisis de la prospectiva del derecho en la era digital, y bajo esa licencia de imparcialidad, considero importante visibilizar algunos brotes que atisbo respecto de la gobernanza contemporánea, a través de la materialización de la conducción del poder en nuestro país, y por ende, los signos de una lectura acertada de la inconformidad de la población con su gobierno, y la crisis de gobernanza que se cierne en la mayoría de las poblaciones actuales.
Quizá ello explica en parte las reacciones polarizantes de las elecciones recientes en diversas naciones en las que la elección de los extremos opuestos de las opciones políticas, pareciera la sacudida de la realidad por buscar un viraje de timón en la conducción de los destinos de los países y la explicación económica cada vez más, surge como una de las principales motivaciones subyacentes a esa corriente, como la primitiva percepción de la administración de los recursos para la supervivencia de la especie humana y el contexto y viabilidad medioambiental para tal efecto.
En ese escenario, uno de los principales atisbos del gobierno de mi país en la conducción política de las suertes de la población llama la atención no por el enfoque en torno a una nueva propuesta de respuesta económica, que ha machucado la necesidad de superar el modelo neoliberal, sino como una de las consecuencias que implícitamente se sugiere como parte del devenir de los hechos, al buscar hacer responsables a las plataformas digitales de las políticas públicas, y por ende, como parte del régimen de gobernanza política de las naciones.
En un principio, la idea de hacer responsables a las redes sociales de transparentar sus patrocinios, pareciera una posición radical de hacer público lo que en principio es privado, es decir, respecto del negocio de la gestión de los intangibles de las plataformas digitales que aparentemente son titulares de una protección desde el ámbito del derecho privado, por lo cual, desde dicha óptica dicha invitación pareciera contar con un dejo autoritario al buscar transparentar lo que está reconocido como una acción que se desenvuelve como parte de lo privado.
Sin embargo ¿es verdad que el ámbito de desenvolvimiento de las plataformas digitales es solamente privado? o ¿el avance tecnológico temprano ha provocado que en su exploración y conquista ciertos actores hayan adquirido una ventaja comercial de lo que teóricamente forma parte del espacio público y de las nuevas libertades de los ciudadanos? A partir de la paradigmática resolución del caso de Mario Costeja, que dio lugar a los debates sobre el derecho al olvido en el marco de la garantía de la libertad de expresión por parte de motores de búsqueda, y el conjunto de resoluciones sobre derechos digitales subsecuentes, han sido el ataque en avanzada de una nueva revolución, la de la conquista del ciberespacio y de los esquemas de gobernanza que requiere esta nueva faceta de la humanidad en territorios virtuales.
Por ello, no solamente acciones como las de Tim Berners Lee a través de la búsqueda de una nueva internet más democrática, sino posturas y análisis sobre la humanidad y su rol en las realidades del siglo XXI, tales como las puntuales reflexiones de Yuval Noah Harari y de Cass Sunstein, en su obra República: Una democracia dividida en la era de las redes sociales, expresan algunos destellos de una nueva forma de registro de las relaciones de poder en nuestra era, en la que es posible trazar su ejercicio y distribución a través de los medios digitales.
Ese manejo del poder por el pueblo, pareciera que actualmente se encuentra en un proceso de redefinición que ha encontrado en el ciberespacio un campo fértil para la redefinición de la gobernanza y la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones, superando las barreras que a su vez, eran los principales acuerdos a través de las cuales, la representación permitió delegar y gestionar el poder, sin embargo, hoy por hoy la ciudadanía digital y no digital evalúa los alcances de las descentralización para combatir al sub representación a través de la asunción de las riendas de las decisiones a través de una participación directa y la inmediatez de los medios para una injerencia oportuna, necesitan extender esa nueva cosmovisión para generar adeptos que impulsen un nuevo mecanismo de ejercicio del poder.
Es decir, parte de la deconstrucción digital requiere empezar por delimitar los espacios de lo público en entornos digitales, con independencia de que dichos espacios actualmente sean explotados por particulares, quienes paradójicamente han promovido los presupuestos necesarios para que dichas tecnologías tengan ese efecto democratizador, que, eventualmente, se volverá parte de los requisitos de equidad y equilibrio permitan una competencia justa en el que cualquier persona pueda participar y decidir a través de medios digitales, como una nueva forma de gobierno y participación.
Por ello, las principales polémicas que surgen en torno al papel de las redes sociales y plataformas tecnológicas sobre su papel como agentes preponderantes e inclusive monopolios en el ámbito de competencia económica, van más allá, y necesitan ser analizados desde el rol que representan como actores y parte del entramado de la estructura de la democracia digital.
Bajo esta perspectiva, es posible advertir que este 2020 no dejó pasar mucho tiempo para señalar el primer vector de este año, a través de la dinámica de los derechos digitales en el nuevo ecosistema digital y el papel de la privacidad, para generar los equilibrios necesarios para la adecuada gestión de dichas relaciones.
Hasta la próxima.
