La pandemia de Covid-19 no sólo generará una emergencia sanitaria, sino que provocará una crisis económica que a su vez meterá al país en una nueva ola de inseguridad y de violencia, advirtieron expertos.
El coctel, consideraron, estará compuesto por la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza y la reducción de la capacidad del estado para garantizar la seguridad pública y evitar la impunidad.
“Lo que muy probablemente sucederá a partir de junio es un repunte, una crecida de todos los delitos, particularmente los del fuero común y no será solamente un rebote (…) sino que va a ver más gente dispuesta a cometer un delito, con o sin violencia, precisamente porque la crisis económica no tiene antecedentes”, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
El 12 de abril, el Banco Mundial informó que el pronóstico para México este año es una caída del PIB del 6 por ciento, comparable únicamente con la registrada en 1995 después del llamado “error de diciembre”, en la que el PIB se redujo 6.3 por ciento.
Esa crisis registrada en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, recordó Carlos Mendoza, consultor en Seguridad Pública, derivó en una escalada delictiva que en los siguientes años alcanzó niveles sin precedentes para aquel momento.
El incremento de las actividades delictivas, consideró Rivas, tomará al país en una mayor debilidad institucional, pues recursos que originalmente estaban destinado a la seguridad pública fueron reorientados para hacerle frente a la emergencia sanitaria.
El 9 de abril, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Leonel Cota, informó que se autorizaba a los estados y municipios usar los recursos del FASP y Fortaseg, que en su conjunto suman 11 mil 443 millones de pesos, para la compra de insumos médicos.
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, consideró que si se debilitan aún más las capacidades institucionales habrá un mayor agravamiento de la incidencia delictiva y de la violencia.
“Siempre hemos sostenido que la causa principal de la violencia es la impunidad, es el debilitamiento del Estado como autoridad, es la poca fuerza de las instituciones de seguridad pública para cumplir su mandato, es la corrupción dentro de las instituciones”, sostuvo.
El confinamiento tuvo un efecto en la actividad delictiva en el país durante abril, el número de delitos se redujeron respecto al mismo mes del año pasado.
De acuerdo con el SESNSP, los delitos patrimoniales disminuyeron 41.6 por ciento, los que atentan contra la libertad personal, 28.4 por ciento, los delitos contra la vida y la integridad física, 24.1 por ciento y los delitos contra la familia, 18.5 por ciento.
José Luis Aranda Zorrivas, exministerio público y excomandante en la Policía Judicial de la Ciudad de México, consideró que esta baja es temporal, pues los delincuentes estos se adaptarán muy pronto a lo que se ha denominado como la “nueva normalidad”, que implica cambios en las reglas de convivencia.