Casi 10 de cada 100 pesos invertidos en el Edomex, provenientes de tres fondos y un programa federales, implicaron irregularidades cometidas en la administración de Alfredo del Mazo, de acuerdo con la ASF.
Al cierre de junio de este año, el Gobierno mexiquense aún tenía 1.8 mil millones de pesos “por aclarar”, en un momento en que el Gobernador es cuestionado por omisiones en su declaración patrimonial.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno de Alfredo del Mazo Maza es responsable por un probable daño al erario público del Estado de México que supera los 1.8 mil millones de pesos, causado por irregularidades en el ejercicio de recursos, según los resultados de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las inconsistencias en el manejo de tres fondos y un programa públicos involucraron a cuatro dependencias del Gobierno estatal y a siete universidades locales. Entre las causas de perjuicio estuvieron diversas “inobservancias” de Ley, falta de transparencia, no integración o comprobación de recursos e intereses financieros, obra pagada no ejecutada y/o de calidad “deficiente”, falta de cobro de penas convencionales a contratistas y contrataciones injustificadas.
Además de las irregularidades en el ejercicio de recursos al corte del 31 de diciembre de 2018, la ASF determinó que el Gobierno estatal no ejerció más de 320.6 millones de pesos que debían ser utilizados antes del primer trimestre de 2019, para no generar impactos negativos –como sucedió– en el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos gubernamentales.
“En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos” de dos (de tres) fondos y del programa evaluado, por lo que incurrió en el “incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”, se lee en las auditorías con folio 2018-A-15000-19-0837-2019 837-DS-GF, 2018-A-15000-19-0830-2019 830-DS-GF y 2018-A-15000-19-0843-2019 843-DS-GF.
Los hallazgos de la ASF se dan en un contexto en que el Gobernador Alfredo del Mazo Maza es señalado por haber omitido, en su declaración patrimonial de 2012, una cuenta bancaria con un saldo superior a 1.5 millones de euros en Andorra, un paraíso fiscal.
- Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Mazo es (y será) responsable de las irregularidades que ocurran durante su mandato, ya que tiene la obligación de garantizar las “condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento” de su administración y la “actuación ética y responsable de cada servidor público” a su mando (Artículo 6).
- La Ley también establece que el actual Gobernador es (y será) responsable de “encubrimiento” si en el ejercicio de sus funciones “llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas” y realizara conductas “para su ocultamiento” (Artículo 62).
Las irregularidades en el manejo de recursos también implicaron a la Secretaría de Finanzas y al DIFEM.
El DIFEM, por su parte, otorgó prórrogas indebidas “de 64 a 76 días naturales” a contratistas gubernamentales, “después de la fecha de entrega establecida originalmente en las bases de las licitaciones”. Y derivado de la compra de equipo de rehabilitación, “se observaron bienes que no coincidieron en modelo, marca y número de serie con los referidos en las facturas, y carecieron de la documentación que acreditara su registro en el patrimonio institucional, el número de inventario, y los resguardos respectivos”.
Sobre la auditoría a 15 obras de infraestructura –con recursos del FAM– en planteles educativos de niveles básico, medio superior y superior, la ASF encontró que seis de ellas fueron adjudicadas de manera “directa por excepción”, sin justificación y/o acreditación de que fueran efectuadas “con las mejores condiciones para el Estado en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad”.
En estas 15 obras, con un costo de 109.5 millones de pesos en conjunto, la ASF también observó “aspectos tales como diferencias entre lo reportado como pagado y lo comprobado, documentación comprobatoria y justificativa incompleta, falta de aplicación de penas convencionales [por un monto de 4.5 millones de pesos], obra pagada no ejecutada [que generó posibles daños presupuestarios por 25.4 millones de pesos], falta de amortización de anticipos y obra de calidad deficiente que no fue ejecutada de conformidad con las especificaciones técnicas de los proyectos”.
Las discrepancias en el manejo de recursos, y el no ejercicio de más de 320.6 millones de pesos que “ocasionó un impacto en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el Fondo”, produjeron “un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 414 millones 343 mil 800 pesos”, de acuerdo con la Auditoría.
Pese a la situación, la ASF informó que al 31 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de México no había realizado una evaluación de los recursos del fondo y que “la última evaluación […] se realizó en el ejercicio 2014”.
GOLPE A LOS FONDOS
Para el periodo fiscal 2018, el Estado de México recibió más de 10 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y más de 6.2 mil millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
En el ejercicio de recursos de estos dos fondos, la Auditoría Superior de la Federación encontró probables daños al erario público federal por 563 millones 413 mil 147.71 pesos. Es decir que cuatro de cada 100 pesos –del FASSA y del FAFEF– invertidos en el Edomex implicaron alguna irregularidad.
Los posibles perjuicios financieros derivados del FASSA ocurrieron por “no comprometer al 31 de diciembre de 2018 los recursos del fondo [21.9 mdp] ni enviar información que aclare o justifique que fueron utilizados en los objetivos del fondo”, se lee en la auditoría 2018-A-15000-19-0830-2019 830-DS-GF.
Lo anterior implicó una situación de opacidad sobre “la planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción, y habilitación de la infraestructura física educativa, por lo que además no fue posible verificar el grado de avance de los proyectos autorizados”.
En consecuencia, la Auditoría concluyó que “el Gobierno del Estado de México careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, por lo que “no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”.
