Ricardo Alexander M.*
 

Hace un par de días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, dio a conocer que el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no ha hecho uso de los 150 millones de pesos del fondo de transición que tiene autorizado en el Presupuesto de Egresos, lo que si bien es su prerrogativa, deja en duda la manera en que se han financiado los proyectos que ha llevado a cabo el equipo de transición estos últimos meses.

En primer lugar, figuran los trabajos preparatorios sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional en la Base Aérea de Santa Lucía. Como dio a conocer Javier Jiménez Espriú, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes a partir del 1 de diciembre, la empresa NavBlue llevó a cabo un estudio —con información proporcionada por Grupo Riobóo, S.A.—, sobre la viabilidad del proyecto, que —según informó el mismo futuro funcionario— tuvo un costo de 159 mil dólares, cerca de 3.2 millones de pesos, sin embargo, no se hizo público cómo fue pagado, o si se hizo con recursos privados o se pretende pagar una vez que asuma el gobierno, lo que en cualquiera de los dos casos resulta ilegal.

En segundo lugar, están la “consulta popular” que se llevó a cabo hace unos días sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el censo nacional para armar el padrón de beneficiarios de la nueva administración. Sobre la consulta, organizada por la Fundación Arturo Rosenblueth, se instaló un total de 4,279 “casillas” en los cuatro días que duró y, según informaron sus organizadores, tuvo un costo aproximado de $1.5 millones de pesos —algo así como 350 pesos por “casilla”—, que en teoría iban a ser financiados por diputados y senadores de Morena, aun cuando Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo lo habían descartado, sin que exista ninguna evidencia de que así fue.

Sobre el llamado “Censo para el Bienestar”, cuyo objeto es establecer los criterios para definir a los beneficiarios de los programas sociales, el cual está desarrollando el gobierno electo, desde principios de octubre, a través de 20 mil voluntarios llamados “servidores de la nación”, si bien en principio parece que no se les paga un salario, un ejercicio de esta naturaleza implica enormes costos logísticos: por poner un ejemplo, en el censo de 2010 llevado a cabo por el Inegi, se invirtieron cerca de $5 mil millones de pesos.

Finalmente, no es claro cómo se han financiado los más de 40 foros que ha organizado el equipo de AMLO en diferentes materias, principalmente en seguridad y educación, ni su llamada “gira del agradecimiento” por todos los estados de la República. No obstante, parece que estos eventos se pueden llevar a cabo sin muchos recursos y con ayuda local, existen costos logísticos que se tendrían que cubrir, incluyendo traslados, alimentación, equipos de audio, etcétera.

Bajo la premisa de que el dinero no crece en los árboles, llama la atención el anuncio que hace la SHCP sobre que no se han usado recursos públicos en los estudios, consultas, censos y eventos que el gobierno de transición ha llevado a cabo, pues cabe preguntarse de dónde están saliendo o quién los está financiando, y con qué propósito.

En cualquier país serio, pero, principalmente en uno como en el que vivimos, donde el origen de los recursos financieros es uno de los problemas más grandes que enfrentamos, resulta necesario que el gobierno, ya sea en funciones o electo, sea quien ponga el ejemplo y transparente las fuentes de financiamiento de sus gastos, ya sea dinero público o privado.
 

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana.

Twitter: @ralexandermp