Desde mediados de este mes, el bloque de la derecha en el Parlamento salvadoreño reactivó el estudio de una propuesta de ley que busca entregar la soberanía sobre el recurso hídrico a sectores privados.
Este proyecto recuerda la década de los ’90, cuando el modelo económico neoliberal, de la mano de los gobiernos de derecha, privatizó las telecomunicaciones y el sistema de pensiones, mientras el sector salud se salvó gracias a movilizaciones sociales.
Sociedad unida
La Iglesia católica, a través del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reiteró su compromiso de defender los derechos de los más pobres y exigir “una ley de aguas justa, eficiente y equitativa”.
Escobar Alas sostuvo que “el agua es un bien público que no se debe privatizar, y aunque se le quiera llamar de otra manera, lo que se intenta es privatizar el agua. Eso no se puede permitir”.
La Iglesia católica también se opone al proyecto de privatización que se debate en la Asamblea. Foto: Web
Un gran número de grupos sociales y ambientalistas, sindicatos, Iglesias, ONG y otras organizaciones, han salido a rechazar esa decisión legislativa, con manifestaciones interdiarias y proponen lo siguiente:
- Que no se cree ninguna autoridad hídrica y que la gestión del agua sea a través de un Viceministerio del Agua que forme parte del Ministerio del Ambiente.
- Que se conforme un grupo contralor integrado por representantes de varias instancias públicas y privadas, para vigilar que las decisiones del Viceministerio se tomen adecuadamente.
- Que en la ley se establezcan 4 principios fundamentales:
- Reconocer el derecho de todas las personas a disponer de agua en las condiciones adecuadas.
- Garantizar la permanencia del ciclo hidrológico para proteger las zonas recolectoras de agua de lluvia y así garantizar su disponibilidad.
- Garantizar la calidad del líquido, a fin de que el agua servida en las viviendas pueda ser consumida como agua potable.
- Optimizar el uso del agua en todos los órdenes, exigiendo niveles mínimos de eficiencia para las tecnologías que consuman agua, a partir de los niveles máximos de eficiencia existentes actualmente.
Derecha neoliberal
“Hemos ratificado los primeros 5 artículos que tienen que ver con el ente rector. Hemos aprobado cuál será el documento base de estudio, es decir, el proyecto de Ley Integral del Agua”, expresó la diputada del derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Martha Batres.
Según la normativa, se crearía un nuevo ente rector denominado Autoridad Nacional del Agua (ANA), que estaría mayoritariamente integrada por representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Esta propuesta de Ley fue presentada el 14 de junio de 2017 por el bloque legislativo de derecha, compuesto por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza por la Unidad (GANA), el Partido de la Democracia Cristiana (PDC) y ARENA.
Diferentes sectores de la sociedad piden parar pivatización del agua. Foto: Web
Contra propuesta gubernamental
Ante este panorama, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó una propuesta de Ley General de Aguas el pasado 22 de marzo de 2012, que retoma, a su vez, una propuesta más antigua de 2006, diseñada por organizaciones sociales que conforman el Foro Nacional del Agua.
“Nuestra batalla es por una gestión pública, participativa, transparente y sustentable del recurso; con perspectiva de género, con niveles adecuados de saneamiento, que proteja y recupere las cuentas”, manifestó la diputada del FMLN Cristina Cornejo.
La propuesta presentada por el Ejecutivo respeta la exigencia de las organizaciones sociales de mantener la administración pública del recurso hídrico, reconociendo el derecho humano al agua y saneamiento.
Un millón de firmas
Estas dos propuestas se encuentran en el Parlamento y ahora, la Iglesia católica, junto al Gobierno y organizaciones sociales han fijado la meta de recoger un millón de firmas para entregarlas al Congreso a finales de agosto. “El objetivo es exigir que se apruebe una Ley General de Aguas justa y pública en la que el Gobierno tenga la prevalencia en la toma de decisiones, y asegurar que el agua se proteja y se sirva a todos con eficiencia y equidad”.
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Source: El Ciudadano