“PORTARSE BIEN”

La muerte de Martha Patricia Reyes, más allá de dictámenes periciales debe llamar a la reflexión en el próximo periodo electoral, donde las campañas pueden pasar del lodo a la sangre. El llamado Pacto de Civilidad a los partidos políticos convocado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con la operación de su secretario particular, Luis Serna,  llega en el momento en que se debe poner un freno a toda agresión contra civiles y representantes de los medios.

Este llamado es tan simple como ayer lo definió Héctor Serrano, líder de Vanguardia Progresista: “Portarse bien”, pero también se debe responder legalmente ante acusaciones directas.

Éste es el punto, más cuando se ha dado a conocer que dos golpeadores  que impidieron que se llevara a cabo el mitin de la precandidata a jefa de Gobierno por Morena, Claudia Sheinbaum en días pasados en Coyoacán, afirmaron que fueron contratados por 86 mil pesos y que aún no les pagan.

Lorenzo Montiel Ramos y Luis Alberto Montiel Andrade iniciaron una carpeta de hechos ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, con el número CI-FCY/COY-5/3C/D/21/01-18, los dos líderes revelaron que fueron contratados por Gerardo Villanueva y Carlos Castillo por instrucciones de Martí Batres, para irrumpir en el evento de Sheinbaum el pasado 3 de enero en Coyoacán. El acuerdo se hizo en Xoloc 81, colonia Ruiz Cortines, Coyoacán, afirmaron. ¿Será por eso que Morena no se sumó al Pacto de Civilidad?

DAÑOS

En la disputa que se vive en el Palacio del Ayuntamiento por “la silla” más importante de la capital empieza a haber daños colaterales. Es el caso de Aarón Josué Ramos Miranda que sin deberla ni temerla está saliendo raspado, otra vez se le acusa de estar involucrado en presuntos temas de corte judicial, los cuales ha demostrado que son falsos y en los que ha confirmado no tener ninguna responsabilidad.

Su vínculo es con Manuel Granados, con quien Josué Ramos ya no trabaja. Se ha pretendido involucrar a quien fuera allegado del exconsejero jurídico en delitos como enriquecimiento ilícito y presuntas averiguaciones federales. No hay delito que perseguir con Ramos Miranda. Tanto la Contraloría capitalina como la PGJ han reiterado la inocencia del exoficial Mayor de la ALDF. Nos aseguran que Ramos no cobra en la nómina del Gobierno de la Ciudad  de México y no tiene aspiraciones políticas.