El activista indígena lamentó que el Gobierno federal intente minimizarlos con el argumento de que se trata de procesos iniciados por comunidades y pueblos indígenas manipulados por abogados.
Integrantes de pueblos indígenas y abogados denunciaron que la construcción del Tren Maya continúa a pesar de que un juez federal ordenó la suspensión temporal de las obras.
Ante ello, dijeron que iniciarán incidentes de inejecución ante el incumplimiento de las sentencias del Poder Judicial.
Jorge Fernández, de la organización civil Equipo Indignación, dijo que a pesar de que un juez federal otorgó la suspensión provisional, es evidente el desmonte y las obras de aplanados en el tramo tres del Tren Maya, que consta de 172 kilómetros que corren desde Calkiní, Campeche, hasta Izamal, Yucatán.
El activista expuso que el argumento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para justificar estos procesos es que se está dando mantenimiento a las vías, aún cuando en la zona éstas no existen.
“Si uno toma la carretera para ir a Campeche, es visible que hay desmonte y aplanado a un costado de la carretera”, insistió.
Fernández llamó al Poder Judicial a tomar cartas en el asunto, ya que la dependencia federal está incurriendo en una simulación ante sus resoluciones.
“Es algo en lo que los jueces deberían poner especial atención, porque se estaría haciendo una simulación para violar una suspensión de juzgados federales, cosa que insistimos que podría ser causa de delito”, afirmó.
En Palenque, Chiapas, recordó, también han continuado las obras del Tren Maya, en franco desafío a la suspensión otorgada por un juez federal.
El abogado Orvelín Montiel informó que ante la violación de las suspensiones iniciarán incidentes de inejecución para demandar que la suspensión provisional de las obras decretada por jueces federales sea cumplida por Fonatur.
“Visiblemente se han estado violando estas suspensiones, pero haremos uso de los recursos que la ley prevé para iniciar juicios de inejecución por la violación a la suspensión, obviamente llevan su tiempo y por la pandemia se han extendido, pero tengan la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para hacerlo del conocimiento de jueces y juezas, para que se tomen cartas en el asunto”, expuso.
El abogado comentó que, en total, se han presentado siete amparos contra la obra y se han otorgado cuatro suspensiones provisionales en los estados de Chiapas, Campeche y Yucatán, además de que hay un amparo pendiente en Quintana Roo.
José Coyoc, de la organización Chuun táan en Yucatán, aseguró que los recursos han sido interpuestos por las comunidades mayas que ven afectados sus derechos a la información y a la libre determinación ante la imposición de la obra.
El activista indígena lamentó que el Gobierno federal intente minimizarlos con el argumento de que se trata de procesos iniciados por comunidades y pueblos indígenas manipulados por abogados.
Coyoc mencionó que enviaron dos cartas al Presidente Andrés Manuel López Obrador en las que le manifestaron sus observaciones respecto al proceso de consulta y de construcción del Tren Maya, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.
“En una de estas cartas nosotros cuestionábamos que se esté manejando que el Tren Maya es un pago a la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas, y que 2021 iba a ser un año de reconciliación () no se puede hablar de ninguna de las dos cosas sin el piso mínimo de derechos, que es el derecho a la libre determinación”.
En su turno, Gregorio Hau, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, advirtió que sus tierras no se venden ni se rentan.
Aseguró que no permitirán que el Tren destruya sus territorios, sus comunidades y sus recuso naturales y demandó que éste deje de ser llamado Maya, toda vez que no cuenta con el aval de los pueblos mayas.
“Este Tren mal llamado Maya es un tren de imposición, no va a pasar o, al menos, no pasará en nuestro nombre”, advirtió.
Información: Milenio, Excélsior, reforma
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