Este lunes la senadora Kenia López Rabadán acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal contra AMLO por el delito de ejercicio Ilícito del Servicio Público, por inundar deliberadamente a los más pobres de Tabasco.
“La decisión del Ejecutivo federal fue negligente al inundar las comunidades indígenas chontales de Nacajuca, Centla, Jalpa, Macuspana y Cunduacán donde viven comunidades indígenas y lamentablemente los más pobres de esa entidad”, precisó la legisladora panista.
Esta denuncia fue a nombre propio y de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN): María Lilly del Carmen Téllez García, Gustavo Enrique Madero Muñoz, José Erandi Bermúdez Méndez, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Gina Andrea Cruz Blackledge, Julen Rementería del Puerto, Indira de Jesús Rosales San Román, Minerva Hernández Ramos, María Guadalupe Saldaña Cisneros y Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
López Rabadán acusó que el presidente López Obrador reconoció públicamente que fue él quien decidió el cierre parcial de la compuerta denominada “El Macayo”, ubicada en el estado de Tabasco.
Dicho acto tenía supuestamente como finalidad, que las corrientes de agua no entraran directamente al Río Carrizal cuyo cauce se ubica a un costado de la Ciudad de Villahermosa, sin embargo, causó un desastre a las comunidades más pobres.
“Que ironía hace 13 años López Obrador denunciaba al entonces presidente Felipe Calderón, por inundaciones en Tabasco y es hoy él quien las ha provocado por una decisión negligente”, subrayó la panista.
Cabe recordar que López Obrador admitió que se realizaron pronósticos erróneos sobre las precipitaciones pluviales en la región sureste del país, por lo que decidieron ampliar el desfogue de la “Presa Peñitas”, ocasionando con ello, que distintos municipios de la región se vieran afectados con las descargas de agua y se inundaran.
La senadora argumenta que las palabras del presidente AMLO son de una conducta que puede ser constitutiva de una sanción penal
Al respecto la panista señaló, que el Presidente afirmó “Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y (que) el agua saliera por las zonas bajas, desde luego se perjudicó a los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión”.
Estas palabras que confirman el despliegue de una conducta que puede ser constitutiva de una sanción penal, ya que hubo irresponsabilidad y falta de coordinación entre las distintas autoridades involucradas en el desfogue de dicha presa; así como negligencia en las instrucciones emitidas por el titular del ejecutivo .
“El Ejecutivo federal tenía la información de los patrones hídricos de la zona del estado de Tabasco, conocía los informes del Servicio Meteorológico Nacional y de la problemática que ha padecido históricamente la entidad respecto a las comunidades afectadas por las inundaciones”, apuntó.
“Tomando esto en consideración, se presume que incumplió su deber Constitucional de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a las personas, tanto en su integridad como en su patrimonio.
De manera que, conociendo de antemano la problemática y sus consecuencias, decidió irresponsablemente inundar zonas donde sabía que se afectaría en mayor grado a grupos vulnerables de esa entidad federativa”, enfatizó López Rabadán.
Asimismo, en la denuncia se señala que se omitieron las acciones preventivas y se tomaron decisiones irresponsables, lo que deja ver que existió negligencia inexcusable, debido a que se sabía el posible resultado y las consecuencias que derivarían.
Se debió haber tomado previamente las acciones y decisiones que garantizaran la seguridad de los tabasqueños.
La tragedia de Tabasco pudo evitarse o aminorarse, por lo que se debe reparar el daño a las personas y a las viviendas en las comunidades afectadas y deben fincarse las responsabilidades penales a que haya lugar.
Para concluir la senadora destacó que es importante mencionar que la autoridad investigadora deberá hacer los peritajes e investigaciones exhaustivas a efecto de determinar la cuantía de los daños ocasionados, así como el nivel de responsabilidad por la pérdida de vidas humanas, a efecto de fincar las responsabilidades necesarias.