Destacaron, se requiere que los órganos de fiscalización informen de manera detallada de la situación legal que guardan las denuncias presentadas ante las Fiscalías General de la República o Generales en las entidades federativas, su resultado y las acciones legales que ha realizado el órgano fiscalizador con motivo de dichos resultados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los demás órganos de fiscalización de los estados deben ser fortalecidos para garantizar su independencia política y mejorar sus capacidades de detectar y denunciar actos de corrupción, propusieron organizaciones académicas y de la sociedad civil.
En un comunicado, Transparencia Mexicana, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa dieron a conocer 15 puntos para mejorar la fiscalización de los recursos públicos y aumentar las capacidades de los órganos auditores.
“Consideramos, a partir de un análisis profundo de la implementación del marco legal vigente, que es momento de una discusión pública amplia e incluyente sobre cómo fortalecer nuestro sistema de fiscalización del gasto público”, afirmaron.
Los 15 puntos están organizados en cuatro temas: uno, independencia política y rendición de cuentas de los órganos de fiscalización; dos, una fiscalización superior transparente y efectiva; tres, una fiscalización superior con efectos anticorrupción y una reducción significativa de la impunidad; cuatro, un proceso de fiscalización con impacto real en las decisiones presupuestarias.
“Es momento de impulsar un cambio profundo en nuestro modelo de fiscalización que contribuya al control efectivo de la corrupción en México”, enfatizaron.
Respecto de la independencia política, consideraron, es necesario preservarla y fortalecerla, así como mejorar los mecanismos de control y seguimiento de parte de los Congresos al trabajo de los órganos fiscalizadores.
También se debe de garantizar la participación de la sociedad civil en la integración del programa anual de auditorías y debería existir una revisión independiente de los criterios, fórmulas y algoritmos para la definición de lo que se va a revisar.
“Incorporar y aprovechar la figura de las auditorías especiales o en tiempo real, dando cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que se suspenden los controles y mecanismos de fiscalización habituales”, consideraron.
Para lograr que las auditorías tengan efectos anticorrupción, estimaron, se necesita que los órganos de fiscalización asuman en todas sus etapas el enfoque de investigación para la detección de redes de corrupción, así como transparentar la gestión de la unidad de investigación y substanciación de las faltas administrativas detectadas.
“Asegurar que los daños patrimoniales detectados estén sustentados, que tengan un seguimiento efectivo y que se informe al Congreso sobre la situación que guardan los créditos fiscales constituidos por dichos daños”, añadieron.
Además, destacaron, se requiere que los órganos de fiscalización informen de manera detallada de la situación legal que guardan las denuncias presentadas ante las Fiscalías General de la República o Generales en las entidades federativas, su resultado y las acciones legales que ha realizado el órgano fiscalizador con motivo de dichos resultados.
Información: Milenio, Excélsior, Reforma
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