La opinión de impacto financiero no constituye opinión jurídica con respecto de otras leyes y disposiciones aplicables y vigentes en la materia, concluye Omar Tovar en el escrito dirigido a Roberto Carlos Blum, director jurídico de Egresos
El Gobierno federal aseguró a la Cámara de Diputados que no hay impacto presupuestal en la aplicación de la reforma eléctrica propuesta por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Los diputados aprobaron ayer en la Comisión de Energía el dictamen de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
En ésta no se hace mención a la opinión del impacto presupuestal que presentó previamente el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de San Lázaro.
En el estudio se alerta que podría haber una pérdida de inversiones en el sector energético por 196 mil 769 millones de pesos, de los que se pueden pedir a México indemnizaciones millonarias.
En opinión del Gobierno, este análisis sobre el impacto millonario por demandas no se toma en cuenta.
La respuesta del Gobierno se centra en la estructura y el gasto interno.
El director general de Programación y Presupuesto A, de la Secretaría de Hacienda, Omar Tovar Ornelas, precisa que no se toman en cuenta las acciones que se generan de la propia reforma.
“Las dependencias involucradas señalan que el anteproyecto no prevé la creación o modificación de unidades administrativas ni la creación de plazas y/o nuevas instituciones; ni la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales autorizadas y ya existentes en las mismas, por lo que el anteproyecto no tendrá impacto presupuestario en el gasto de dichas dependencias”, expuso.
También indica que no hay impacto en los programas aprobados de las dependencias y entidades.
“Las dependencias involucradas señalan que el anteproyecto no interfiere en los programas presupuestarios que ejecutan y tienen aprobados para el ejercicio fiscal 2021”, menciona el escrito.
Además, éstas aseguran que no se prevé el establecimiento de destinos específicos de gasto público, “por lo que no se genera impacto presupuestario al interior de éstas”.
También señalan que no se contempla el establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que requieren mayores asignaciones presupuestarias para su realización.
Se agrega que las dependencias involucradas manifiestan que la reforma no contempla disposiciones que incidan en la regularización en materia presupuestaria.
“Por lo anteriormente expuesto, informo a usted que conforme a lo señalado por las dependencias, el anteproyecto no implica impacto presupuestario para las mismas”, aseveró el Gobierno.
“Es importante mencionar que el contenido del presente se emite en el ámbito de competencia de esta Dirección General, conforme a las disposiciones legales que regulan sus atribuciones, por lo que no prejuzga o califica el contenido del Proyecto, los alcances de las acciones que propone y demás actos, así como sus consecuencias, que con motivo de la entrada en vigor del mismo y del ejercicio de las facultades de las dependencias y entidades participantes se generen para el cumplimiento del objeto señalado”.
La opinión de impacto financiero no constituye opinión jurídica con respecto de otras leyes y disposiciones aplicables y vigentes en la materia, concluye Omar Tovar en el escrito dirigido a Roberto Carlos Blum, director jurídico de Egresos.
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