Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, Mex.- El 70 por ciento de los giros comerciales que existen en la entidad mexiquense no son de alto riesgo o impacto, por lo que no deberían de tener Dictamen Único de Factibilidad (DUF) para que la Comisión de Factibilidad del Estado de México tenga también la oportunidad de trabajar en los giros que realmente lo requieren, consideró Patricio González Suárez, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (ASBAR).
Abundó que, el 30 por ciento restante de los giros son industriales y urbanos, es decir, son los que generan el 90 por ciento de las inversiones, por lo que -dijo- sí deberían considerar contar con el Dictamen.
Argumentó que, este trámite le da a la Comisión de Factibilidad una carga de trabajo que no necesitan, por lo que sería fundamental que se enfocaran en los establecimientos que realmente representan inversiones millonarias como gasolineras y centros comerciales.
Por lo anterior, consideró que un restaurante no debería de requerir de un DUF para operar porque nunca se ha necesitado, ya que, ejemplificó, este tipo de negocios siempre han podido abrir sin necesidad de un dictamen estatal.
Precisó que, si hubiera un centro de espectáculos o una discoteca en ese tipo de establecimientos sí podría aplicar, pero consideró que los restaurantes no porque son establecimientos más pequeños.
González Suárez, precisó que, de eliminar el DUF para el sector restaurantero le quitaría mucha carga de trabajo no necesaria a la Comisión de Factibilidad pues se enfocaría a emitir los dictámenes ya sea de giro o único de factibilidad a los negocios de inversión fuerte.
Luego de varias reuniones con funcionarios estatales y empresarios, este jueves, los legisladores locales de diversas fracciones parlamentarias consideraron en comisiones que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) solo ha sido un obstáculo para el crecimiento económico de la entidad, sobre todo en esta etapa de pandemia con serias repercusiones económicas.
Los sectores empresariales están divididos pues aseguran que este trámite vuelve engorroso los procesos de apertura y regularización de unidades económicas, mientras que otros no quieren que sea administrado por los municipios y solo se enfoque a establecimientos de gran dimensión.
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