Con la pandemia algunos delitos como el feminicidio aumentaron en el Estado de México y funcionarios públicos de alto nivel, así como sus familiares, como miles de personas también fueron víctimas; sin embargo, a diferencia del grueso de los casos, la respuesta de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia fue visiblemente más rápida en el caso de los primeros.
Implicado en asesinato de Luis Miranda Cardoso es vinculado a proceso
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En Toluca fueron ejecutadas 11 personas durante agosto del 2020, uno de ellos fue Luis Miranda Cardoso, padre del político priista Luis Miranda Nava, y a diferencia de las demás víctimas, en el caso de Miranda Cardoso bastaron 5 días para realizar la detención de uno de los implicados.
Conforme a información de la Fiscalía mexiquense se estableció el robo como la probable causa del homicidio de Miranda Cardoso y en días subsecuentes se detendrían y vincularían a proceso a 5 más de los presuntos involucrados en el robo, el primero de ellos, Arturo “N”, sería asesinado en su celda dos días después de su arresto.
También en el Valle de Toluca, en el Rancho El Progreso en Almoloya de Juárez, fueron asesinadas 3 personas entre los que se encontraban los padres del titular de Probosque del Estado de México, Édgar Conzuelo Contreras.
Los hechos ocurrieron la mañana del 20 de mayo y, al igual que en el caso de Luis Miranda Cardoso, bastaron 5 días para que la autoridad capturara a los presuntos responsables.
El 25 de mayo José Antelmo “N”, de 18 años de edad, y Roberto “N”, de 22 años fueron detenidos por su presunta participación en el triple homicidio del Rancho El Progreso. Los detenidos serían sentenciados a pasar 70 años en prisión el pasado 14 de enero.
En marzo del 2020 el primer regidor de Zinacantepec, José Luis Álvarez, fue víctima de un intento de homicidio. Recién el pasado 6 de enero el acalde de este municipio Gerardo “N” fue detenido por su presunta participación en los hechos.
Tanto en el caso del regidor como en el de Luis Miranda Cardoso las sentencias en contra de los presuntos implicados no están resueltas, sin embargo, el proceso continúa avanzando.
Para Fabiola Vite, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la celeridad con la que las autoridades resuelven este tipo de casos “es un mensaje muy claro sobre las prioridades para las autoridades mexiquenses”.
A nivel nacional el caso del general Salvador Cienfuegos, recientemente exonerado por la Fiscalía General de la República, causó indignación por el trato preferencial con el que la autoridad realizó las indagatorias.
Caso contrario sucedió con la defensora Kenia Hernández, quien se encuentra recluida en el penal de Acapulco acusada de ataques a las vías de comunicación:
“Irónico: El mismo día que la Fiscalía General de la República exoneró a #Cienfuegos también presentó formal acusación en contra de #KeniaHernandez defensora de DH, indígena y feminista solicitando la pena máxima por el terrible delito de protestar. Así las cosas en México”, escribió el Centro de Derechos Humanos a través de su cuenta de Facebook.
Al respecto Fabiola Vite señaló “la discriminación por pobreza se convierte en un factor importante para el seguimiento la denuncia de las víctimas. Esto se pronuncia más cuando la víctima además de ser pobre es mujer”.
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