Como medida para evitar contagios en los centros penitenciarios del Edoméx, adaptan el primer hospital Covid para atención especializada.

Como medida para evitar contagios en los centros penitenciarios del Estado de México, crearon el primer hospital para la atención de las personas privadas de su libertad que padezcan covid-19.

En abril de 2020, la Subsecretaría de Control Penitenciario de la entidad concluyó y adicionó dicha área de atención para casos sospechosos y confirmados en el Centro Penitenciario y Readaptación Psicosocial Nezahualcóyotl.

Este espacio cuenta sólo con 112 personas privadas de su libertad (PPL), por lo que la adaptación del área especial no perjudicó a las que ya residen ahí con las que llegan para ser atendidas.

“Desde marzo del año pasado el sistema penitenciario del estado y la Secretaría de Seguridad formalizaron todos los protocolos que propuso las Naciones Unidas”, expresó el subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Edomex, Manuel Palma Rangel.

“Se trabajó con la población que tenemos nosotros al interior de la institución para concientizarlos sobre esta medida y hacerles saber que ellos no corren ningún riesgo porque es una zona totalmente aislada”, aseguró Fidel Robledo, director del centro penitenciario.

Si bien las personas que son detectadas con covid-19 son atendidas en el área médica del centro penitenciario en donde se encuentran, a este hospital son trasladados aquellos que necesitan una atención más especializada.

El hospital está habilitado para que 56 personas lo ocupen al mismo tiempo, dos en cada celda. Tanto los médicos como enfermeras que atienden a las personas privadas de la libertada, como los pacientes, cuentan con las medidas necesarias para no propagar el virus.

Hasta septiembre de 2020 atendieron en este hospital a 76 personas privadas de su libertad, y no reportan que en estas instalaciones haya muerto ninguno. Desde entonces, afirman no tener casos detectados que lo necesiten.

El Estado de México administra el sistema penitenciario más grande del país, ya que es responsable de 21 centros penitenciarios y de reinserción social, una penitenciaría modelo, un centro de internamiento para adolescentes, 23 preceptorías Juveniles y un albergue temporal juvenil.

Además, en conjunto concentran una población total de casi 32 mil personas privadas de su libertad, lo que se traduce en una sobrepoblación del 120 por ciento por encima de su capacidad instalada.

Entre las acciones que afirman haber realizado para evitar la propagación del virus en los centros penitenciarios están: la identificación de grupos vulnerables, desarrollar campañas de concientización sobre el avance del covid y la realización de videollamadas con sus familiares.

Según su reporte de actuación, todas las personas mayores de 60 años, niños, enfermos crónico-degenerativos y mujeres embarazadas, fueron reubicados en áreas “que les permitiera reducir el riesgo de contagios”. En total mil personas fueron trasladadas.

Además, el reporte destaca la preliberación de 476 personas (278 con brazaletes y 198 coliberaciones anticipadas).

Por su parte, asociaciones civiles que protegen los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, destacan que en el país se deben de implementar más medidas y no bajar la guardia, pues esto pone en riesgo a los que ahí residen, trabajan y sus familiares, todo con base en el respeto y readaptación social que por derecho le corresponde.