El Grupo Parlamentario de Morena propuso reformar la Ley de Fiscalización de la entidad para castigar con mayor rigor a los entes fiscalizables que incurren en actos de omisión, simulación, ocultan datos o actúan con dolo, y entregan información falsa para obstaculizar las revisiones del ejercicio de los recursos públicos.

A través del diputado Gerardo Ulloa Pérez, Morena impulsa sanciones de hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes no entreguen la información y documentación que les solicite el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) para poder auditar y cumplir con sus obligaciones de investigación.

La propuesta deriva de que han detectado que muchos entes no están acostumbrados a rendir cuentas y se resisten, o incluso se niegan a entregar información al Órgano, además de incurrir en actos de simulación que se presentan para entorpecer u obstaculizar la actividad fiscalizadora.

También plantea que cuando los servidores públicos o las personas físicas y jurídicas colectivas, públicas o privadas aporten información falsa, los responsables serán sancionados en términos de la Ley General de Responsabilidades, la legislación penal y otras normas aplicables por la comisión de delitos.

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El legislador sostuvo que es necesario establecer medidas de apremio más fuertes, similares a las que se aplican en otras entidades donde las multas son mayores porque es necesario frenar el incumplimiento e incluso la mala fe de diversos funcionarios que entregan de manera premeditada información “errónea”.

“Por ello se replantea la redacción del supuesto jurídico, para establecer en el mismo los sujetos vinculados a los medios de apremio y las hipótesis de procedencia a fin de promover el correcto ejercicio presupuestal”.

También propuso elevar la multa a reincidentes y homologar los montos con los aplicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuyos rangos van desde las 150 UMAS hasta las 2 mil veces el valor diario de esa Unidad.

El legislador planteó reformar fracciones de los artículos 8 y 59 para quienes se resisten a cumplir una conducta legalmente solicitada, esto traería sanciones similares a las que tienen entidades como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas que aplican 100, 150 y 300 veces el valor diario de la UMA:

Advirtió que en el Estado de México los montos actualmente van de 10 hasta 100 UMAS y no contempla conductas que cada vez se hacen más frecuentes como la de proporcionar información equivocada, por lo cual varios entes fiscalizables se han negado a entregar los reportes, o de manera dolosa entregan datos erróneos.

Esas conductas obstaculizan las labores del OSFEM, el cual debe fiscalizar los fondos, cuentas públicas, deuda pública y actos relativos al ejercicio y aplicación de los recursos públicos de las entidades fiscalizables del estado, entre otras. La iniciativa fue remitida a comisiones para su análisis.