El juicio que se le sigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán en una corte de Nueva York ha dejado una estela de comprometedoras revelaciones sobre la compleja red de corrupción que tejió para encumbrarse como el capo más prominente de la prolífica industria ilícita del narcotráfico en el mundo.
Los nombres de funcionarios importantes del gobierno mexicano, incluidos expresidentes, han salido a relucir en los testimoniales de criminales que han dado cuenta del poder corruptor de Guzmán Loera, sin embargo muchos detalles se han guardado bajo el más estricto de los secretos a pesar de ser un proceso público.
Abogados de The New York Times presentaron al juez del caso, Brian M. Cogan, una carta de protesta en contra de las medidas inusuales que ha tomado el gobierno estadounidense para clasificar declaraciones y conversaciones que considera “sensibles” para ciertas entidades.
En noviembre, Jesús Zambada García, hermano del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, testificó sobre su papel en el trasiego de drogas que hizo ganar a “El Chapo” más de 14 mil millones de dólares. “El Rey” dio detalles de cómo el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, era usado para trasladar los cargamentos de cocaína a la Ciudad de México, con el apoyo de “comandantes” de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal.
Zambada relató que pagaba a las autoridades cientos de miles de dólares al mes en sobornos y ofreció declarar sobre la ocasión en la que su hermano “El Mayo” le pidió sobornar “al presidente en funciones”. Esta posibilidad generó una conversación privada en el estrado entre el juez Cogan, la fiscalía y la defensa de “El Chapo”, el objetivo de la charla fue determinar si se debía permitir al ex líder del Cártel de Sinaloa nombrar al mandatario, según consta en una transcripción que pudo obtener la prensa.
Antes de la última comparecencia de Zambada como testigo, el gobierno envió un memo confidencial a la corte diseñado expresamente para impedir el testimonio del hermano de “El Mayo”. La declaración sobre el presidente mexicano nunca llegó a escucharse en la sala oficialmente, a pesar del ofrecimiento del criminal detenido en 2008, pues el testimonio fue suprimido.
El juez Cogan dio una escueta explicación sobre el memorándum y su finalidad. A pesar de la inconformidad de la defensa, dijo estar de acuerdo con la fiscalía en que se debían limitar las preguntas de los abogados Guzmán Loera a “El Rey” para proteger a “personas y entidades” que no estaban involucradas directamente en el caso de la “vergüenza” y el escrutinio público.
Y es que la defensa de “El Chapo” ha montado su estrategia en resaltar la participación de miembros del gobierno mexicano en la red de complicidades del cártel. De hecho, en las primeras audiencias se mencionó por nombre y apellido a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, hecho por el que el juez Cogan apercibió a los abogados encabezados por Jeffrey Lichtman.
Alan Feuer, periodista del diario neoyorquino asignado al caso, contabilizó otros tres archivos misteriosos que han sido clasificados como secretos por el gobierno estadounidense.
Uno de los documentos indica que uno de los próximos testigos que pasará al estrado “sufrió una crisis de ansiedad” cuando supo que era buscado por el cártel en 2013.
Otro documento es una moción de la defensa para conseguir un testimonio especial y otro más es una carta del gobierno sobre una visita especial a “El Chapo” en prisión. Hay que recordar que por cuestiones de seguridad, el sinaloense está aislado y tiene contacto limitado con el exterior, incluidos sus abogados.
El nivel de secrecía va más allá de proteger a personas de ser evidenciadas, también pasa por una cuestión de seguridad. El juez Cogan ha limitado incluso el trabajo de los artistas y dibujantes en la corte para proteger la identidad de ciertos testigos, pues considera que la peligrosidad de “El Chapo” no ha sido neutralizada a pesar de estar tras las rejas.
El aparato de gobierno mexicano ha sido el más mancillado en los testimonios que se han presentado en el juicio, pero no ha sido el único. Funcionarios de Colombia, un presidente de Honduras y un candidato presidencial en Guatemala, también han sido señalados.
Lo cierto es que el gobierno estadounidense ha procurado que los testimonios más cruentos sobre el nivel de corrupción que alcanzó el imperio de “El Chapo” no lleguen a los oídos del público e incluso del jurado.
