El primer/tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incluyo un tema que ha sido vital para la gobernabilidad: la seguridad interna y la relación con Estados Unidos a raíz del fenómeno migratorio que se desencadenó con caravanas sudamericanas y africanas.
Aunque el fenómeno migratorio de Centroamérica no es nuevo, estos últimos nueve meses ha tenido una resonancia mayor en este país por la cantidad de familias que formaron parte de él, la detección de bandas dedicadas al tráfico de personas y una nueva modalidad de migración transcontinental.
Entre diciembre de 2018 y junio de este año, el Instituto Nacional de Migración estimó que ingresaron a territorio nacional sin documentos al menos 460 mil personas de distintos países, es decir más del 200 por ciento de lo que ocurrió en el año anterior.
Mientras que para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), este incremento fue de 40 mil 149 personas en 2018 hasta 144 mil 278, en el periodo de enero a julio.
El relajamiento de la política migratoria implementada por el nuevo gobierno de México, lo llevó a tener su primer diferendo diplomático con la administración de Donald Trump, por una amenaza de imposición de aranceles.
Esto llevó a México a poner fin a su política de “puertas abiertas” y derivó en un acuerdo para disminuir el flujo de migrantes.
La estrategia implicó la operación de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte; fue exitosa.
Asimismo, se lanzó un plan de desarrollo económico en Centroamérica para generar bienestar para las familias y conseguir que no deseen migrar buscando una mejor vida.