
La funcionaria pública Soraya Jadue Jadue -quien ingresó el año 2013 a la Segegob- presentó la mencionada acción legal luego de que desde Recursos Humanos se le informara que Contraloría estableció que su contrato suscrito el 3 de enero de 2017 “le otorgaría más derechos que a los funcionarios a contrata respecto de la jornada laboral”. En este contexto, el 21 de noviembre de ese mismo año le comunicaron que mientras no suscribiera un nuevo contrato a honorarios modificado, se le suspendían todos sus pagos.

Actuación “antojadiza y arbitraria”
La Corte Suprema estableció que al encontrarse la trabajadora de la Segegob en estado de gravidez, “no se puede ver afectada por dicha situación”. El tribunal destacó además que desde el propio ministerio de la época se reconoció la renovación del contrato para el 2017 en los mismos términos de los períodos anteriores, incluido expresamente su derecho fundamental e irrenunciable a pre y post natal, y a fuero maternal.
El máximo tribunal determinó igualmente que el Ministerio Secretaría General de Gobierno de entonces, al eliminar los mencionados beneficios, “incurrió en una actuación que se considera antojadiza y arbitraria” y que, además, “afecta su integridad psíquica y eventualmente su patrimonio al verse vulnerados sus derechos maternales”.
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Source: El Ciudadano

