El Senado de la República aprobó hoy, con 82 votos a favor y 34 en contra, la reforma con la que se tipificará como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la facturación falsa y los negocios fantasmas.
El dictamen contempla modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada; el Código Fiscal de la Federación; el Código de Nacional de Procedimientos Penales; y la Ley de Seguridad Nacional.
Entre las modificaciones que prevé el dictamen, se incluye el aumento en las penas, de cinco a ocho años de prisión, para quienes por cuenta propia o a través de otras personas, adquieran facturas falsas gracias a las cuales se trate de dar validez a operaciones inexistentes.
Las modificaciones también contemplan que si el delito es cometido por una persona que se desempeñe como servidor público, este tendrá que ser separado del cargo, además se contempla una inhabilitación de hasta diez años.
La nueva tipificación requerirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emita una querella, con la cual sería posible proceder penalmente en contra de la persona a quien se acusa de cometer el delito.
Además, por la nueva tipificación, se contempla la prisión preventiva oficiosa.
Previo a la aprobación del dictamen, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó, el pasado 4 de septiembre, que tiene ubicados a actores que cometieron delitos a través de facturación falsa y por lo tanto el costo de este delito: 500 mil millones de pesos por año, el equivalente a cuatro trenes maya o a todos los programas sociales implementados por el nuevo Gobierno federal.
De acuerdo con el titular de esa oficina, Carlos Romero Aranda, por la magnitud de los fraudes y el costo que representa año con año, resulta evidente que es una práctica que se dejó crecer y que no se atacó por falta de voluntad política.
¿Sera que la 4T quiere encerrar a Juan Collado?