Arturo Miranda, vicepresidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la Ciudad de México, dijo que el organismo empresarial nacional ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizar un rápido diagnóstico y determinar medidas cautelares, "dado que ellos están facultados para poder hacer recomendaciones y obligar a los tres órdenes de gobierno a salvaguardar la tutela de los derechos humanos de los ciudadanos". Indicó, que lo anterior es debido a las afectaciones que les está causando el movimiento magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con sus manifestaciones, bloqueos en carreteras y plantones en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, así como en la Ciudad de México. En entrevista con Enrique Muñoz, el empresario precisó que en esos derechos humanos que se están violentando está el libre tránsito de los ciudadanos, el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo. Por ello, sostuvo que el viernes pasado se presentó ante la CNDH una queja documentada para que se atraiga la presunta violación a los derechos humanos en contra de esos estados. Puntualizó que de acuerdo a datos duros que tiene el organismo empresarial, el impacto que se tiene de pérdidas en la Ciudad de México, es de los cuatro mil 500 millones de pesos al año por ese tipo de manifestaciones. "Y de todas esas demandas que normalmente son federales, el 60 por ciento se queda sin resolver, sólo cuatro por ciento se resuelven de forma inmediata, pues realmente estamos viendo que ese tipo de manifestaciones no son eficientes… para los motivos que la gente busca, y lo que si, nosotros terminamos siendo rehenes de todos esos daños colaterales y en el sector empresarial nos vemos duramente dañados". Resaltó que tan sólo en la Ciudad de México, según el Consejo Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios (Canaco), el año pasado por esas movilizaciones cerraron dos mil 500 comercios y se perdieron ocho mil empleos. jgr