Suenan las doce campanadas de medianoche, en medio del espectáculo de las operaciones antidroga orquestadas por el presidente filipino Rodrigo Duterte. Los policías acaban de abatir a una “personalidad de la droga”, otra más.

La víctima es extirpada del arrabal de Manila donde ha sido liquidada, y llevada a una funeraria. El joven se suma a otros cadáveres acribillados a balazos, que yacen en mesas o en el suelo ensangrentado.

Cada muerto lleva un número en cifras romanas inscrito en el brazo o la pierna.

Durante su campaña electoral el año pasado, el presidente Duterte había aconsejado a los electores que abrieran empresas de pompas fúnebres para obtener beneficios.

“Las pompas fúnebres estarán llenas a reventar” prometió. “Yo voy a suministrar los cuerpos”, explicó.

Estas declaraciones fueron aplaudidas por los filipinos, hartos de la criminalidad y seducidos por su carisma de hombre de pueblo.

Duterte ganó fácilmente la presidencial, tras una campaña basada en temas de seguridad. Se comprometió a erradicar el tráfico de drogas en seis meses gracias a una campaña en la que miles de traficantes y toxicómanos serían liquidados.

En 14 meses, la policía ha confirmado haber abatido a más de 3.500 personas calificadas oficialmente como “personalidades de la droga”.

– ‘Masacrar a toxicómanos’ –

Unos 2.000 sospechosos han resultado muertos a manos de desconocidos, según la policía. Pero los defensores de los derechos afirman que estos asesinatos han sido cometidos por milicianos o policías que actuaban de forma oficiosa.

Duterte ha rechazado las críticas de quienes estiman que esta campaña está condenada al fracaso, además de constituir un crimen contra los derechos humanos.

Pero el presidente, un exabogado de 72 años, asegura que esta táctica es la correcta. A veces con declaraciones intempestivas –dice que estaría “feliz de masacrar” a tres millones de toxicómanos– y a veces con indignados desmentidos a la acusación de que incita a los policías a actuar al margen de la ley.

Pero en los últimos días el presidente ha admitido que es poco probable que logre el objetivo antes del final de su mandato, en 2022.

Acusó a las fuerzas de policía corruptas de ser parcialmente responsables de esta situación.

Precisamente –que sea o no coincidencia– esta semana las policías de Manila y provincias vecinas lanzaron nuevas operaciones que se saldaron con unos de los más sangrientos balances de la guerra antidroga.

– ‘Matar a 32 personas por día’ –

En la primera gran operación de este tipo, el lunes por la noche, la policía de Bulacan, vecina de la capital, anunció haber matado a 32 personas.

Mientras los defensores de los derechos criticaban la operación, Duterte felicitó a los policías implicados en ella e instó a sus colegas a imitarlos.

“Si pudiéramos matar a 32 personas por día, quizá se podría reducir lo que va mal en el país”, dijo.

Después de ello, la policía anunció haber abatido a 25 personas. Un equipo de la AFP vio en la noche del jueves al viernes nueve cuerpos acribillados a balazos en las empresas de pompas fúnebres, en los arrabales o en las carreteras vecinas.

En una carretera aislada, yace un joven sin calcetines, con heridas de bala en la cabeza y el vientre, junto a una pistola al alcance de la mano.

Un oficial dice que se trataba de un conocido traficante de droga y que la policía se vio obligada a matarlo en estado de legítima defensa.

Como en la mayoría de los homicidios de “personalidades de la droga”, no se ha informado que algún policía resultara herido en esas operaciones.

Pero incluso si las investigaciones –generalmente someras y rápidas– desmintieran la versión de los policías, Duterte ha prometido varias veces que indultaría a los oficiales declarados culpables de asesinatos en el marco de su guerra contra la droga.

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