En el reciente número de la revista Nexos se publica un artículo firmado por Julio Frenk y Felicia Knaul en el que hacen una reflexión en torno a las fortalezas y debilidades del sistema sanitario actual en México.
Como era de esperarse, analizan el papel de las principales instituciones sanitarias y la carga de enfermedad hacia cada una en función de la transformación de las estadísticas y el costo sucedáneo.
Por supuesto, uno de los pendientes que dejará la administración federal actual, es la integración de una sola y única institución pública de salud que le dará coherencia, y permitirá, el día que se concrete, ahorros muy importantes en virtud de evitar la duplicación de aseguramiento de mucha gente.
Como ejemplo de dicha complicación, mencionan los autores, a muchos empleados federales que cuentan con seguro privado de gastos médicos, al tiempo que tienen derecho al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Proponen, además de la integración de la medicina pública, descansar algunas responsabilidades en la medicina privada, como ya ocurre de forma marginal.
Desde luego, coincido, pero se requieren reglas de funcionamiento que aseguren la calidad y calidez del servicio.
Adicionalmente, propongo un mecanismo específico para premiar, en términos monetarios, la preservación de la salud, así como la economía de las intervenciones.
El gasto actualmente está condicionado en el sentido contrario.
El cambio de estrategia tendría que ser acorde y en coordinación con muchas acciones a favor de recuperar un estilo de vida saludable en todos los ámbitos.
Alimentación sana, ejercicio físico, un medio ambiente libre de contaminantes, así como la disminución de la violencia, deben convertirse en ejes fundamentales de gobierno, que necesariamente pasan por algún grado de independencia, en un planeta cada día más interdependiente.
Éstos son algunos de los dilemas éticos de una política sanitaria moderna que debemos enfrentar a corto plazo.
Evidentemente, la economía globalizada tiende a la enfermedad, en la medida en que produzca dividendos, pero la responsabilidad social de un gobierno identificado con los derechos humanos tendría la obligación de actuar en contrario.
A ver qué dicen los políticos.
Source: Excelsior