La CUT Militar, que asume las defensas laborales de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, creada en el pasado al amparo del departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, a través de los dirigentes Diógenes Leiva, María Eugenia Puelma y del abogado Rubén Jerez Atenas, ha entregado formalmente su apoyo a Alejandro Guillier.
Así lo manifestó su máximo dirigente, Nazario Zúñiga Cabezas, ex funcionario de la Armada de Chile, en el cierre de campaña en Valparaíso, este miércoles 13 de diciembre, cuando se difundía la presencia en el acto de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.
Nazario Zúñiga, estaba acompañado, además, por el abogado y exoficial de la Marina, Humberto Palamara Iribarne, reconocido internacionalmente a partir del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Palamara Iribarne Vs Chile”, sentenciado el 22 de noviembre de 2005, en donde se condenó a la Justicia Militar chilena.
Fuera de las fronteras, esta organización tiene el respaldo del Premio Nobel de la Paz alternativo, Martín Almada, descubridor de los archivos ocultos de la Operación Cóndor.
La incorporación a la opción de Guillier, por el mundo militar ligado al sindicalismo, se debe a la convicción que con esta alternativa presidencial serán más factibles las necesarias reformas que permitan democratizar a las Fuerzas Armadas, según indicó Néstor Tobar Pérez, dirigente de Excar.
Entre las esperanzas de cambio están, entre otras: La existencia de un solo escalafón que no discrimine por la cuna u origen social; la gratuidad de los estudios en las escuelas matrices; el respeto de derechos laborales mínimos; una educación profesional comprometida con los derechos humanos y con la democracia; el cese de las vinculaciones con la Escuela de las Américas ligada a torturadores y golpistas como el término de la Operación Unitas vinculada a la violación de niños pobres en Valparaíso; el derecho de asociación de los funcionarios policiales en las mismas condiciones que Gendarmería de Chile; el respeto de la mujer al interior de las Fuerzas Armadas, especialmente en su integridad sexual como en su calidad de madre; la investigación imparcial de los abusos y de las muertes en las unidades castrenses que el Mando hace pasar como suicidios o accidentes; el término de la Justicia Militar; la protección de la soberanía económica y ecológica del país; la remoción de la reglamentación estatutaria, disciplinaria y sumarial contraria al Estado de Derecho; la promulgación de un nuevo Código de Justicia Militar, que sea discutido por el Congreso de cara a la gente y que contemple delitos exclusivamente militares bajo la competencia de tribunales penales ordinarios; el acceso a los tribunales laborales en igualdad de condiciones como cualquier trabajador; la debida transparencia y probidad en los gastos e inversiones destinados a la defensa nacional y al orden público, con mecanismos que prestigien a las instituciones armadas en la administración de los dineros de todos los chilenos, reconociendo a los denunciantes de corrupción las garantías que contemplan los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.
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Source: El Ciudadano