Si Estados Unidos recurre a su Guardia Nacional para “blindar” la frontera norte, México hará lo propio en su frontera sur, a donde enviará elementos de la Gendarmería para reforzar la seguridad en Chiapas, estado que colinda con Guatemala.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, anunciaron este acuerdo a través de un video publicado en Facebook, en el que explican que los elementos de la Gendarmería se desplegarán a lo largo de los 664 kilómetros de la frontera con Guatemala.
Aunque omitieron información sobre el número de efectivos, la fecha de inicio de la operación y detalles de la estrategia, coincidieron en que la operación respetará los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que todos los días cruzan la frontera sur de México en su ruta hacia Estados Unidos.
“Hemos platicado sobre la seguridad fronteriza, sobre reforzar nuestra frontera sur, sobre dar un marco amplio de protección a los derechos humanos de los migrantes del triángulo norte centroamericano fundamentalmente, y que esto ayude a que otras áreas de seguridad puedan rendir mejores frutos al estado de Chiapas”, dijo el funcionario federal.
El gobernador, por su parte, aseguró que el despliegue irá acompañado de medidas para mejorar la atención a los migrantes en los albergues.
“Vamos a seguir implementando una estrategia, fortalecida con la Secretaría de Gobernación, en los albergues para las niñas, las mujeres migrantes, y para los migrantes que vienen de Centroamérica”, dijo.
Contradicciones en política migratoria
Este anuncio ocurre 10 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó a México que permitiera el avance de la caravana de aproximadamente 1.000 migrantes que cada año, desde 2003, atraviesan el país para exigir respeto a sus derechos humanos y un trato digno.
Trump afirmó que las autoridades mexicanas no hacían lo suficiente para detener la migración ilegal y posteriormente anunció el despliegue de su Guardia Nacional para reforzar su frontera con México.
Por eso Rodrigo Salazar, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) considera que este fue “un anuncio torpe”, que pone en evidencia las “contradicciones” de México en su política migratoria.
Por un lado, dice, está el mensaje a la nación del presidente Enrique Peña Nieto, en el que expresa su compromiso por “salvaguardar la dignidad de los mexicanos”. Pero por otra parte está el trato de México a los inmigrantes centroamericanos en tránsito, que tienen como destino principal Estados Unidos.
Desde que Trump asumió la presidencia de su país, en enero de 2017, el gobierno mexicano deportó a sus países de origen a 116.440 extranjeros. Esto equivale a un promedio mensual de 10.000 migrantes que entran al país sin papeles, de acuerdo con cifras disponibles en la página oficial de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Entre enero y febrero de este año, los dos últimos meses registrados, el Instituto Nacional de Migración (INM) devolvió a sus países de origen a 20.923 personas, la mayoría centroamericanos (alrededor del 90%).
Con ellos, dice Salazar, el gobierno tiene una obligación: “Ofrecerles un trato digno y respetuoso de sus derechos como lo exige de Estados Unidos”, dice.
La seguridad, un complejo reto fronterizo
Salazar reconoce que México enfrenta la compleja circunstancia de ser un país “puente”, con un tránsito muy intenso y retos de seguridad para el propio país. Se refiere al tráfico ilegal de todo tipo: drogas, personas, mercancías, armas.
“Tenemos entonces la percepción de que México le hace el trabajo a la Border Patrol, pero también es verdad que el país enfrenta problemas de seguridad nacional importantes debido a su condición única de país puente“. El problema, dice, es que las autoridades no resuelven bien esta circunstancia.
Salazar incluso no descarta que esta decisión viniera de tiempo atrás y que las autoridades mexicanas fallaran en el momento del anuncio.
“Seguramente también tuvo que ver con un tema de seguridad en el contexto electoral para contener un problema de seguridad que no quieren mezclado con las elecciones”.
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Source: Infobae