A los 16 años de edad, quien se hace llamar Junko Iisuka para proteger su identidad, fue trasladada hasta una clínica en el noreste de Japón bajo la promesa de que sería sometida a una operación misteriosa que mejoraría su vida. Fue anestesiada y en unos pocos segundos perdió la noción del tiempo. Al despertar notó que yacía sobre una camilla y a lo lejos divisó un fregadero, del cual intentó beber algunos centímetros cúbicos de agua, sin embargo ésta se le fue denegada de forma violenta por un par de enfermeras que percibieron que había despertado.
Sin recibir explicación, ni algún tipo de información que pudiera entregarle pistas de lo que habían hecho con su cuerpo, Iisuka volvió al hogar en donde trabajaba como ama de casa con las mismas interrogantes con las que fue trasladada hasta el recinto de salud. No fue hasta semanas después, al escuchar una conversación que mantenían sus padres cuando se enteró que fue lo que realmente ocurrió ese día.
Bajo la Ley de Protección Eugenésica y por orden del gobierno japonés, todas las personas que presentaran algún tipo de enfermedad mental hereditaria o “retraso mental hereditario” debían ser sometidas a una operación que las inhabilitaría para tener hijos. Entre 1948 y 1996, alrededor de 25,000 personas fueron esterilizadas, incluyendo 16,500 que no aceptaron el procedimiento, de las cuales al menos un 70% fueron mujeres y niñas.
En el caso de Junko, quien presuntamente poseía una leve discapacidad mental, se llevó a cabo a través de la ligadura de las trompas de Falopio, procedimiento que bloquea de forma permanente el trasladado de un óvulo, imposibilitando así la fecundación.
Con sólo 16 años, Iisuka no entendió de forma certera lo que había ocurrido en su cuerpo, sin embargo entendió que nunca podría tener hijos. No fue hasta un par de años después que entendió a cabalidad el crimen que había sido cometido por el gobierno japonés. Con el propósito de agotar las posibilidades para revertir los efectos de la operación, la mujer viajó a Tokio, en donde le explicaron que la cirugía era irreversible.
Hoy y a 55 años de la esterilización masiva, la cual buscaba imposibilitar el nacimiento de “niños inferiores”, la mujer continúa inmersa en la miseria producto de la decisión del gobierno. Además de no tener acceso a procrear, Iisuka ha sido rechazada en el ámbito amoroso, ya que las relaciones que ha mantenido a lo largo de su vida han llegado a término luego de revelar su infertilidad.
“Fui a Tokio para ver si podía invertir la operación, pero me dijeron que no sería posible. Me robaron la vida“, reveló a The Guardian.
Actualmente la mujer representa la primera demanda en contra del gobierno, a raíz de la cual busca conseguir compensación por el crimen que se cometió en perjuicio de cerca de 20 mil personas y el cual permanece impune ante la justicia pese al daño irreversible en sus víctimas.
Las víctimas fueron escogidas una por una, en desmedro de la población femenina
Desafortunadamente los crímenes ejecutados desde el gobierno no se detuvieron en 1963, sino que se prolongaron hasta 1996, año en que las esterilizaciones forzosas fueron prohibidas. De acuerdo a los informes que se remontan a la época en donde se llevaron a cabo las esterilizaciones masivas, fueron psiquiatras y psicólogos quienes escogieron a las víctimas: ciudadanos de todas las edades, incluyendo a niños de 9 0 10 años de edad, en su mayoría mujeres.
Al igual que las víctimas, los profesionales de la salud que los escogieron fueron engañados. Personal del gobierno les hizo creer que las esterilizaciones serían realizadas con la autorización de los pacientes, quienes “necesitaban” el procedimiento. A raíz del lavado de cerebro en el que incurrió el gobierno, los procedimientos fueron percibidos como un favor, sin embargo hoy son abiertamente reconocidos como una violación a los derechos reproductivos de las personas.
Yasutaka Ichinokawa, un profesor de sociología de la Universidad de Tokio aseguró que gracias a la intensiva campaña del gobierno hacia los profesionales de la salud mental, múltiples psiquiatras participaron de forma voluntaria y con la idea de que estaban ayudando a esas miles de personas afectadas.
“Todos ellos trabajaron con buena voluntad, y pensaron que las esterilizaciones eran para los intereses de las personas a quienes les importaba, pero hoy debemos ver esto como una violación de los derechos reproductivos de las personas con discapacidades”.
Aún cuando este tipo de prácticas son percibidas como prohibidas, parte de la sociedad japonesa continúa pensando que quienes padecen de discapacidades mentales siguen siendo discriminados por el gobierno y las instituciones gubernamentales, ya que no existen políticas públicas que fomenten su inserción en la sociedad actual.
Un perdón que no llega
Pese a que actualmente sólo existe una demanda en contra del gobierno por las esterilizaciones masivas para preservar “la pureza de la raza japonesa”, múltiples organizaciones internacionales han intercedido por las víctimas para que finalmente se aborde este capítulo de la historia en Japón, sin embargo han visto frustrados sus esfuerzos gracias a la nula respuesta por parte del poder ejecutivo.
En el año 2001 se exteriorizó la primera disculpa pública por parte del primer ministro de la época, Junichiro Koizumi, quien pidió perdón a las personas con lepra, pacientes que por décadas fueron marginados de la sociedad, desterrados desde sus hogares y, en su mayoría, sometidos a una esterilización forzada.
Actualmente Junko Iisuka se encuentra recaudando testimonios de víctimas que fueron esterilizadas en la década del 90, las cuales aún no hallan la valentía suficiente para hacer público su caso y exigirle al gobierno una compensación por la miseria con la que han coexistido desde el día en que sus derechos fueron vulnerados.
“Quiero que todos sepan la verdad sobre lo que sucedió. Lo que realmente quiero es que el gobierno se disculpe y ofrezca una compensación a todos los que han sufrido”.
Source: UPSOCL
