Como lo he señalado en diversas ocasiones en este espacio, cada día nuestro país está incorporando la cultura del seguro a la vida cotidiana. Por supuesto, en principio es positivo que los ciudadanos generemos conciencia del cuidado de nuestra integridad y nuestro patrimonio, aunque sea pequeño.

Las empresas en contraparte deberían responder disminuyendo las primas y proporcionando mejores y más atractivas coberturas, además de brindar un servicio más eficiente.

Justamente está ocurriendo lo contrario, las empresas multinacionales, con comportamientos éticos en otros países, por razones poco claras, acá en territorio mexicano están recurriendo a las peores prácticas, rayando en el delito, retrasando los pagos a clientes, proveedores y a todo aquel a quienes les deban dinero.

En esta ocasión me refiero a AXA seguros, con quienes sostengo una relación de prestación de servicios profesionales desde hace algunos años y hoy están peor que nunca. Inventan reglas nuevas cada mes, envían comunicados incomprensibles, revisan facturas con criterios estrechísimos sólo con la finalidad de «rechazar el pago», después de lo cual uno, como médico o como asegurado, queda a la merced y voluntad del lamentable burócrata que decidió, por un error de veinte pesos, no pagar una reclamación de veinte mil.

Su comportamiento es prácticamente para-legal, es decir, no están cometiendo aparentemente un delito, salvo que se interpretara la ley en ese sentido, de tal forma que si se aproximara esa posibilidad, sus departamentos legales los protegerían.

Por supuesto, los ciudadanos de a pie, que carecemos del acceso a dichos bufetes jurídicos poderosos, no tenemos ninguna instancia gubernamental para quejarnos.

El día de hoy, la aseguradora en cuestión tiene en su poder por lo menos tres documentos míos, pendientes de pago, y por supuesto, sin siquiera darme alguna fecha posible para su liquidación.

Eso sí, el gobierno federal les sigue otorgando a las grandes corporaciones de seguros contratos jugosísimos que le aseguran la vida y la salud a todos los funcionarios públicos de alto nivel, que, por supuesto, son los que menos necesitan de esos apoyos.

Parece una descripción pormenorizada del mundo al revés, pero es nuestra triste realidad, que deberemos mejorar a corto plazo si pretendemos una participación más importante del sector privado en la salud.

Es decir, debemos corregir a esas empresas antes de otorgarles más oportunidades de negocio; junto con la necesaria intervención del Estado en la vigilancia de la calidad de la atención médica que se otorga a nivel privado.

Respecto de este último punto, sólo señalo que hoy, en México, en el ámbito privado coexisten la mejor y la peor medicina.