Vía Radio Universidad de Chile / Hace un tiempo se instaló en el país el término megasequía, especialmente en la región Metropolitana, donde actualmente se habla de hasta un 96 por ciento de déficit de lluvias, una de las cifras más significativas en los últimos 50 años.

Esta situación de escasez hídrica se refleja también en al menos 61 comunas del centro del país. Un número que podría sumar más zonas si continúa la falta de precipitaciones que, en parte, ha sido atribuida al cambio climático.

Datos emanados del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, dan cuenta que este es un problema de carácter permanente, razón por la cual es indispensable que las autoridades adopten las medidas necesarias para moderar el impacto de la sequía y superar la situación de corto plazo, pero que aborden también un plan global de prevención ante la situación más frecuente de estrechez hídrica.

Para Paulina Aldunce, investigadora asociada del (CR)2, existe voluntad política para impulsar iniciativas de este tipo, sin embargo, chocan con conflictos sociales, donde intereses privados se superponen a las voces de la comunidad.

“Hay ciertas voluntades políticas, pero también el recurso hídrico es un tema que genera muchos conflictos sociales entre la empresa privada y la comunidad, que se incrementarán, y que en el fondo, el Estado tiene que intervenir con políticas o instrumentos de políticas públicas que definan bien el alcance de los poderes que se generan en estos distintos conflictos de interés, por distintas organizaciones de la sociedad”, afirmó.

Al respecto, el académico del Laboratorio de Análisis Territorial de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Rodrigo Fuster, indicó que el propio debate sobre Código de Aguas da cuenta del sesgo ideológico que algunos intentan imponer en cuanto a que el recurso es de propiedad privada, en desmedro del bien común.

Precisó que el tema de políticas gubernamentales para prevenir situaciones de escasez ha estado en manos de tecnócratas, donde a cada cambio de mando se interrumpe lo que podría ser una política de largo plazo frente al tema.

“Desde la perspectiva del acceso humano al agua y también de la conservación de los ecosistemas, probablemente sean resueltas a nivel local, a nivel de cuencas en cada caso, y eso no está presente en la política pública hoy día. Por ejemplo, en el actual Código de Aguas se establece una administración a partir de la abundancia y no la escasez, el Estado prácticamente queda reducido al mínimo en su rol fiscalizador y con muy pocas atribuciones para administrar un bien público en situaciones de crisis”, argumentó.

Para el académico Rodrigo Fuster, se puede mejorar en gestión de agua en función de lo que ocurre en cada cuenca, sin esperar grandes iniciativas legales que establezcan un nuevo marco de acción.

Calogero Santoro, integrante del Instituto de alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, aseveró que lo primero es declarar el problema del agua como una dificultad nacional, apoyar la investigación científica para el descubrimiento de nuevas tecnologías, además de una política activa de educación de la ciudadanía. Esto, afirmó, para crear conciencia sobre la importancia de cuidar este recurso natural en sus distintos usos.

“Se debe legislar para reducir su uso, comenzar a establecer cuotas y compromisos, por ejemplo, de aquí a cinco años, diez o quince años, reducir la cantidad de agua extraída de napas subterráneas o de las fuentes tradicionales. También se debe apoyar la generación de investigación científica para producir nuevas tecnologías, porque avances en este tipo prácticamente no existen. Incentivos para que la gente vaya reconvirtiendo sus hogares, campañas culturales, ya que todo el mundo piensa que el problema es de otros. Reciclar el agua, manejo de aguas grises, la misma industria minera utiliza cantidades gigantescas de agua, pero no existe espacio ahí para innovación tecnológica”, concluyó Santoro.

Publicado en Radio Universidad de Chile

Foto portada: T13

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Source: El Ciudadano