“Mi abuela está muy preocupada por los portonazos. Pero ella no tiene auto, ni siquiera tiene portón”. Este chiste, que se hizo popular en redes sociales y que en su presentación en el último Festival de Viña sacó a relucir el humorista Fabrizio Copano, es un fiel reflejo de la percepción social en torno a la delincuencia y la seguridad ciudadana.
Un tema que, según las diferentes encuestas, se mantiene permanentemente posicionado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, incluso por sobre educación o salud. Aquí también opera la fábrica de opinión pública, hecha entre los medios masivos y las encuestadoras. La última medición del Centro de Estudios Públicos (CEP) señala que un 52% de los consultados sostienen que el problema de la delincuencia debe ser al que el gobierno debe dedicar sus mayores esfuerzos en solucionar, a bastante distancia de Salud (43%), Educación (36%) o los salarios (31%).
Este dato es reflejo de un estado casi de alerta nacional, que ha sido alimentado por el tratamiento de los medios de comunicación de las informaciones relacionados con hechos de “crónica roja” y las medidas que desde la autoridad propician enfrentar el problema con mano dura más que con políticas relacionadas con la prevención.
El implementar medidas como las dadas a conocer en los últimos meses por los alcaldes de Las Condes, Providencia o Calera de Tango son medidas de corte efectista que no sólo no ayudan a combatir el problema de la delincuencia, sino aumentan la percepción de inseguridad ciudadana. Así, tenemos los casos más recientes de Joaquín Lavín (UDI), quien dispuso prohibir el trabajo a los jóvenes limpiaparabrisas en la comuna o dotar a los guardias municipales de gas pimienta y bastones retráctiles; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), evalúa el uso de drones como método de vigilancia; o la creación de una “policía municipal” en la comuna de Calera de Tango, donde su alcalde, Erasmo Valenzuela (Independiente apoyado por la DC), la justifica porque “hay una carencia de recursos humanos y materiales por parte de Carabineros y por eso queremos trabajar en conjunto con ellos y la PDI para tener una mejor seguridad y un mejor servicio a la comunidad”.
Todos estos elementos hacen recordar que en 1952 Carlos Ibáñez del Campo, recordado como el paco Ibáñez, ganó la elección presidencial diciendo que “barrería con la delincuencia”. Una escoba era su imagen de campaña. Recientemente, Joaquín Lavín, que tuvo este tema como eje de sus propuestas presidenciales de 1999 y 2005. Incluso más cerca: Sebastián Piñera ganó la elección del 2009 con su ya famoso “se les acabó la fiesta”.
POPULISMO PENAL
Según la socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Karina Mouzo, el concepto de “populismo penal” apunta a “la promesa de que, a partir de un endurecimiento del sistema penal se puede acabar con el delito. De allí su efectividad discursiva”. Situación que, a las claras, queda reflejada en cómo se han ido construyendo las políticas en materia de seguridad ciudadana en el país.
En este sentido, el abogado, investigador y coordinador general de la ONG Leasur (Litigación Estructural para América del Sur) Diego Rochow, sostiene al respecto que “en Chile existe desde el retorno de la democracia un fenómeno que se conoce en la literatura comparada y especializada como populismo punitivo. Se tiende a generar en materia de política criminal, bajo el alero de cierta ideología, que al criminalizar se reducen los actos de delitos y violencia, bajando la sensación de inseguridad y temor, lo que tiene que ver con percepciones en materia de seguridad ciudadana”.
Junto a ello, Rochow agrega que “se desarrollan prácticas punitivas como el aumento de las penas o cuestiones que tienen relación con el aumento de la red punitiva del estado, lo que no se grafica sólo con el aumento de personas encarceladas sino que dice relación con la forma en que se desarrolla la actividad policial”.
Las prácticas que menciona el investigador las hemos visto desarrollarse en los últimos 26 años gracias a la aplicación de un modelo que se sostiene en el crecimiento económico y la mala distribución del mismo, lo que conlleva de manera necesaria poner el foco en la seguridad ciudadana como un elemento fundamental en nuestras vidas.
Y para ello el elemento punitivo tiene un carácter primordial.
Según Rochow, “los gobiernos de la Concertación y la derecha operan en función de crear imágenes y relatos en torno a tema, tomando medidas que se configuran sobre la base de que estas medida punitivas reduzcan la delincuencia, aun cuando eso no se refleja en los índices respectivos”.
Y esto se traduce en políticas públicas en materia de seguridad que buscan generar un efecto en la sociedad más que una efectividad palpable en una disminución real, tanto de la percepción como de las cifras de delincuencia. A esto el investigador agrega que “en materia de políticas de seguridad ciudadana, se observan medidas más efectistas que relacionadas con la prevención, en tanto no se observa una intervención articulada. Falta mejorar los programas y diagnósticos, solo se entrega esta tarea a las policías y no a las comunidades que pueden dar los datos de cada barrio; hay una deuda en materia de prevención. Falta trabajar desde las comunidades en este tema”.
Y recalca Rochow en que “más que un modelo, se relaciona con la fabricación de una política criminal que tiende a ser más efectista que efectiva y que tiende a operar desde la criminalización como medio de prevención más que como prevención misma. Por eso vemos medidas que no tienen carácter de prevención desde las comunidades sino que apuntan a los drones o las medidas de Lavín, que buscan paliar la falta de discurso en esta materia y solo buscan aumentar la percepción de control que pueda tener el estado sobre los ciudadanos”.
LEGISLATURA A TONO
Escudándose en lo que puedan decir las estadísticas o las series noticiosas emitidas por los medios de comunicación relativas a la delincuencia, desde el parlamento se hace eco –aplicando el ya conocido populismo penal- y se actúa en consecuencia.
Así, el año pasado se aprobó la cuestionada ley corta antidelincuencia, la que tenía como principal elemento el control preventivo de identidad, norma que permite a las policías controlar a quienes, discrecionalmente, considera “sospechoso” de poder realizar alguna actividad delictiva.
Cuestionada norma por diferentes sectores, fue la Corte Suprema que en pleno debate en 2015 hizo un juicio claro al respecto, y a través del juez Milton Juica –en su calidad de Presidente subrogante- señaló que el control de identidad era “difícilmente aceptable desde la perspectiva de un Estado democrático de Derecho (…) se enmarca en una evolución legislativa que paulatinamente otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales”.
Uno de los impulsores de la ley, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, defiende la legislación y sostiene que “cuando la respuesta del Estado o el gobierno para disminuir un problema trata de taparlo, uno busca una solución de raíz”. Junto con esto, el parlamentario agrega que “es una herramienta efectiva y que no ha desvirtuado los procedimientos de las policías. Los que hablan de populismo penal, a veces son los mismos que no quieren que les restrinjan el ámbito de la defensa, algunos puristas de la reforma procesal penal que no quieren que se mueva una coma”.
Y, al mismo tiempo, apunta a La Moneda por su “desinterés” por dar solución al problema de la delincuencia. Fuenzalida declara a El Ciudadano que “en este caso el gobierno actual no tiene mucho interés en el tema de la delincuencia, no es su prioridad y por lo mismo sus decisiones sólo apuntan a hacerse cargo de un tema puntual que está saliendo en prensa. Busca una solución puntual pero no efectiva”.
En la vereda contraria se encuentra el diputado PS Leonardo Soto, quien sostiene que la medida tiene un carácter efectista dado que sostiene que el gobierno ha actuado firme frente a la delincuencia y que “se ha buscado potenciar las capacidades de las policías para perseguir los delitos, como aumentar la cantidad de funcionarios de carabineros e investigaciones, junto con darles nuevas facultades”.
Así, cómo cabe entender las medidas que toman los jefes comunales, en donde el aroma a populismo se percibe a cuadras de distancia.
Para el parlamentario socialista la cosa es bastante simple, ya que “hay iniciativas que tienen impronta efectista, que buscan impresionar al ciudadano pero que no tienen ninguna consistencia ni evidencia de que sirvan para algo. Son una banalización de las políticas de seguridad, que buscan ser entrevistados por los matinales y no incidir en las cifras de delincuencia”.
Fuenzalida, en tanto, defiende a los alcaldes Lavín y Matthei, señalando que “hay que separar las cosas. Lo que hacen los alcaldes no es para tener una cobertura mediática sino, ante a la pasividad de la autoridad frente a los delitos, tratar de hacer algo dentro de sus facultades”.
A su turno, el diputado Soto busca poner atención en la prevención del delito antes que la represión a la hora de legislar al respecto, cuando señala que “prevenir un delito significa hacerse cargo de las causas del por qué se comete un delito. Y esto tiene que ver con una sociedad desigual como la nuestra, donde las posibilidades de desarrollo son escasas”. Al mismo tiempo, añade que “prevenir significa actuar sobre ella; es un trabajo de largo alcance y excede las capacidades de un gobierno de cuatro años. Se ha actuado muy poco”.
En contraste a la mirada binominal del tema, Diego Rochow hace una crítica y pone un desafío a las organizaciones que se encuentran fuera de esta lógica política cuando sostiene que “este asentamiento del discurso punitivo se debe a que no ha habido un verdadero relato político de las organizaciones de izquierda, que es un déficit que los partidos del Frente Amplio debieran hacerse cargo. La hegemonía del discurso de la mano dura se debe a que es una batalla que la izquierda no ha querido dar, porque no resulta conveniente aplicar medidas diferentes. Hay que generar un diagnóstico verdadero de la izquierda que nos permita disputar este espacio”.
¿Y SI LE PREGUNTAMOS A LA COMUNIDAD?
A pesar de ser los principales afectados con los hechos delictivos o la falta de atención en la generación de políticas preventivas, las comunidades no son normalmente consultadas. De hecho, normalmente se les imponen medidas que finalmente terminan por coartar las libertades de las vecinas y vecinos.
En este sentido, la directora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile , Olga Espinoza, señala al respecto que “la evidencia internacional indica que la comunidad es fundamental para el desarrollo de experiencias exitosas, donde cumple un rol fundamental en el plano preventivo puesto que está demostrado que no son eficientes aquellas medidas que se toman y dejan al margen a la comunidad”.
Junto con ello, Espinoza sostiene que “la lógica indica que son los factores que conviven en un espacio concreto lo que están al tanto de los delitos y los actores. Ellos pueden ser facilitadores en la investigación de los delitos y colaboradores activos de todas las acciones preventivas”.
Ahora, considerando el nivel de importancia que tiene la comunidad en los procesos de prevención, la directora del CESC sostiene que “hay veces que se generan espacios como los consejos comunales de seguridad pública, donde participan representantes de los órganos del Estado y de la comunidad, que en algunos municipios tienen carácter obligatorio”. Al mismo tiempo, agrega que “muchas veces las comunidades no son integradas a espacios como éstos, por no ser acciones de marketing para la autoridad”.
Medidas efectistas y de inmediatez, señala la experta, son elementos que “dan visibilidad pública antes de dar pie a un trabajo sustentable en la identificación de necesidades y de soluciones”.
“Lo importante es identificar las prioridades para enfrentar este problema, y que no solo participe el municipio y la comunidad, sino que todas las instituciones involucradas para que junto a la comunidad se pueda desarrollar un programa de corto, mediano y largo plazo para enfrentar este problema”, finaliza Olga Espinoza.
José Robredo H.
El Ciudadano
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La seguridad ciudadana y el germen del populismo
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