El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano “a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”.
En su informe sobre México, el comité de expertos recomienda al gobierno de Enrique Peña Nieto no entregar a una organización de carácter privado como Teletón los recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad.
El documento destaca que los expertos se muestran preocupados porque buena parte de los recursos para la rehabilitación de estas personas es administrada por un ente privado como Teletón.
Y remata:
“Dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.
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Por tal motivo, sugieren a México “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó a México los días 16 y 17 de septiembre en materia de atención a las personas con discapacidad, y los resultados se difunden este domingo.
El documento consta de 12 páginas e incluye 67 recomendaciones al gobierno federal.
El informe pide además al gobierno investigar y procesar penalmente a las instituciones que aplican esterilizaciones forzadas a niñas y mujeres con discapacidad, y garantizar reparaciones a las víctimas de ésta práctica.
Los expertos de la ONU también manifestaron su preocupación respecto a los sistemas de “sustitución de voluntad” que aún persisten en el país, y piden que se acabe con dicha práctica.
Por ello, se “urge al Estado parte a iniciar procesos de investigación administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, y a que garantice el acceso a la Justicia y reparaciones para las víctimas”.
“El Comité insta al Estado parte a que suspenda cualquier reforma legislativa que implique continuar con un sistema de sustitución de la voluntad y a que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones, que respete la autonomía, la voluntad de la persona, sin importar su nivel de discapacidad”.
“Al mismo tiempo, urge al Estado a que revise toda la legislación federal y estatal para eliminar cualquier restricción de derechos relacionados con el estado de interdicción o con motivo de la discapacidad de la persona”.
El Comité recomienda a México establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Respecto al tema de la accesibilidad, el Comité recomienda adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones.
Por último el Comité pide a México eliminar las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento, y promueva alternativas.
