El fiscal general de California, Xavier Becerra, se paró a pensar un momento buscando la palabra adecuada. En inglés, había calificado a Naasón Joaquín García como sickened. “¿Cuál es la palabra en español?” preguntó a los periodistas. “Enfermo, sí, pero es más que enfermo. Es demente”. Becerra compareció este jueves en rueda de prensa para explicar los cargos contra García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, que está acusado de violación de menores, explotación sexual y pornografía infantil. El caso cuenta con cuatro víctimas, tres menores y una adulta. Becerra cree que hay más y pidió ayuda para localizarlas.
García fue detenido el lunes en el aeropuerto internacional de Los Ángeles junto con una mujer, Alondra Ocampo. Una tercera persona, Susana Medina, fue detenida en una operación separada. La policía busca a una cuarta mujer llamada Rangel Meléndez. García compareció por primera vez ante un juez en Los Ángeles el miércoles. La fianza inicial que pedía la fiscalía, de 25 millones de dólares, fue elevada a 50 millones. “Creo que es la fianza más alta jamás impuesta en California”, dijo Becerra.
La razón para pedir una cantidad así es que la fiscalía está convencida de que García, al que sus seguidores llaman El Apóstol y que es considerado un enviado de Dios por millones de personas en todo el mundo, sería capaz de reunir el dinero y existía un peligro real de que tratara de huir de Estados Unidos si lo conseguía. “Nadie quiere verle salir de la cárcel solo porque puede pedirle el dinero a sus seguidores”, dijo Becerra. “Le dimos información muy creíble al juzgado para sustentar nuestra preocupación de que García se podía ir de Estados Unidos”.
El pliego de cargos presentado el martes contra García revela un patrón de conducta durante al menos los últimos cinco años en el que las mujeres imputadas junto a él le proveían de víctimas para sus apetitos sexuales. Supuestamente, García recibió pornografía infantil de tres de las víctimas y participó en violaciones y tocamientos. Las víctimas, todas mujeres, eran coaccionadas bajo la idea de que estos actos eran la voluntad de Dios y que ir contra El Apóstol era ir contra Dios, según la denuncia. De las cuatro víctimas, tres son menores.
El fiscal Xavier Becerra durante la presentación de la investigación.
El fiscal Xavier Becerra durante la presentación de la investigación. AP
Las niñas eran “hijas de miembros de la organización”, según detalló Becerra. El fiscal trató de mostrar comprensión hacia personas que quizá “les han lavado el cerebro” o “no tienen otra cosa más que la iglesia” en sus vidas. “Cuando alguien abusa de la fe y la devoción, juega con la mente de una familia, de unos padres y de niñas de 14 años, eso no es un líder religioso, es un demente”.
Becerra dijo que, basándose en la información que tienen en este momento del caso, su oficina está convencida de que hay más víctimas aparte de las cuatro que han hablado. “Esperamos que el pueblo nos ayude”, dijo en español para las cámaras. “Si tienen fe y quieren justicia, ayúdennos a descubrir los hechos para llevar ante la justicia a alguien que no solo ha violado las leyes de California, sino las leyes de Dios”, dijo Becerra apelando directamente a los seguidores de García.
“Entiendo lo que están pasando muchas familias, especialmente las muchachas que tienen miedo y no saben qué hacer, los padres confundidos que no saben lo que está pasando, especialmente si tienen fe en que este señor es un discípulo de Dios”, dijo Becerra. El fiscal aseguró que tiene las más sólidas pruebas contra García.
La información que inició la investigación contra el líder de La Luz del Mundo surgió de una página web segura que la fiscalía de California abrió para recoger denuncias contra sacerdotes por abusos. Becerra quiso recalcar esa web “les da a las víctimas línea directa” con la fiscalía. El teléfono de información es el (1) 323 7652100 y el enlace del buzón de denuncias es https://oag.ca.gov/LLDM.
Dado que los hechos se cometieron en el sur de California y que los feligreses de La Luz del Mundo son en su mayoría latinos, surgió la cuestión de cuál sería la actitud de la fiscalía si algunas de las víctimas son inmigrantes indocumentados. Becerra aseguró que en California una víctima de un crimen así tiene derecho a acudir a la justicia y que los testigos pueden incluso pedir una residencia permanente.