Ciudad de México.- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), junto con sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras, exigió una investigación sobre los presuntos vínculos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado. La solicitud se centró en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, actualmente prófugo de la justicia.
Señalamientos sobre el caso Tabasco
Historial del exsecretario de Seguridad Pública
El PAN recordó que los presuntos vínculos del exsecretario con grupos criminales eran del conocimiento de autoridades locales y federales desde antes de su nombramiento. Entre los señalados se encuentran el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Permanencia en el cargo pese a señalamientos
Según Acción Nacional, pese a que se hicieron públicos señalamientos oficiales que confirmaban sus vínculos con la delincuencia organizada, no se tomó ninguna acción para removerlo del cargo. Además, se permitió su permanencia en funciones mientras, presuntamente, encabezaba una organización criminal en el estado.
Afiliación al partido Morena en 2023
En 2023, Morena aceptó la afiliación del funcionario señalado. Tras el escándalo, el partido intentó deslindarse mediante un procedimiento de expulsión. No obstante, el PAN subrayó que esta acción no resolvió las responsabilidades institucionales.
Exigencia de investigaciones profundas
Responsabilidad de otros funcionarios públicos
El PAN pidió que se investigue no solo al exfuncionario, sino también a superiores jerárquicos y subordinados que pudieron facilitar o encubrir sus acciones. Señaló que es importante conocer las razones por las que permaneció en el cargo.
Patrón común en otros estados gobernados por Morena
Acción Nacional mencionó otros casos similares en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Baja California. En todos ellos, se identificó un patrón de encubrimiento y falta de consecuencias para los implicados.
Llamado del PAN a las autoridades
El partido exigió investigaciones exhaustivas e imparciales. Afirmó que debe haber consecuencias legales claras para quienes hayan tenido alguna participación o encubrimiento. También reiteró que el poder público no debe ser utilizado como escudo de protección para quienes cometen delitos.
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