El presidente de ese país Donald Trump dijo el miércoles que estaba pensando “seriamente” esa posibilidad, en medio de su frontal lucha contra los extranjeros.
“Estamos pensando en (acabar con la) ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas, una vieja promesa de su campaña electoral que la oposición demócrata y muchos expertos consideran inconstitucional.
“Francamente, es ridículo (…) Tienes un bebé en nuestro país, es decir, cruzas la frontera, tienes un bebé y ‘felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense’“, añadió.
Trump ya prometió acabar con ese derecho cuando competía por la Casa Blanca en 2016, y el pasado octubre, durante la campaña de elecciones legislativas en EE. UU., el mandatario recuperó la idea y aseguró que firmaría un decreto para acabar con la ciudadanía por nacimiento y así implementarla, algo que finalmente no hizo.
La oposición demócrata le recordó entonces que sería necesaria una reforma constitucional para lograr ese objetivo, dado que ese derecho está amparado por la decimocuarta enmienda de la Carta Magna, aprobada en 1868 para conceder el estatus de ciudadano a los esclavos afroamericanos liberados.
La oposición demócrata le recordó entonces que sería necesaria una reforma constitucional para lograr ese objetivo, dado que ese derecho está amparado por la decimocuarta enmienda de la Carta Magna, aprobada en 1868 para conceder el estatus de ciudadano a los esclavos afroamericanos liberados.
Esa enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas por tanto a su jurisdicción, son ciudadanos estadounidenses y del estado en el que residen”.
El Tribunal Supremo respaldó ese derecho para los hijos de inmigrantes en 1898, pero la Casa Blanca subrayó el pasado octubre que la máxima instancia judicial nunca se había pronunciado sobre el tema en casos en que los padres del aspirante a la ciudadanía fueran indocumentados.
Trump no aclaró si su plan para acabar con ese derecho se basaría exclusivamente en su poder ejecutivo, pero si llegara a intentarlo por decreto, esa medida desencadenaría con toda seguridad una batalla judicial que acabaría en el Supremo.
