En México, las estadísticas son alarmantes.
Según el Subsistema de Información de Nacimientos (SINAC), durante 2018 se registraron en todo el país casos de 50 menores de sólo 10 años que se convirtieron en madres y un total de 10,298 niñas de entre 11 y 14 años, que también dieron a luz.
Estos casos comprueban el fallido sistema de salud, en específico la Norma 046 y la Ley General de Víctimas, que establecen que las personas que sufren violencia sexual deben recibir la Interrupción Legal del Embarazo.
“Asumimos que son embarazos producto de violencia sexual. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de estos partos es que no se les dio acceso a estos derechos que están reconocidos”, señaló.
El pasado 7 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora sentenció a 203 años de prisión a Rodrigo “N”, quien abusó de una familiar que tenía tan sólo 10 años.La situación comenzó desde 2016, cuando los padres de la menor depositaron su confianza en él y le pidieron que cuidara a su hija cuando éstos salían a trabajar.
Otro caso que ilustra las cifras del SINAC, es el de Jimena, una niña de Xalapa, Veracruz, quien fue víctima de una violación y quedó embarazada.
Aunque la Fiscalía veracruzana cumplió con los trámites correspondientes para que se aplicara la Interrupción Legal del Embarazo en un plazo de 24 horas, la Secretaría de Salud decidió no practicarle un aborto por que el desarrollo del embarazo superaba los 90 días que establece el Código Penal de Veracruz.
Pese a que las autoridades estaban conscientes del riesgo para la niña, no podían asumir la atención que solicitaron ella y su madre.
La asociación civil Equifonía advirtió que el parto de una niña es más riesgoso que practicarle un legrado.
La Norma 046 garantiza el acceso a la interrupción de embarazo a las mujeres que lo soliciten, incluso, si ya tienen 12 años basta que se presente un escrito solicitando el servicio. En la norma también existe la figura conocida como “objetor de conciencia”, que son aquellos médicos que no quieren participar en los abortos.
Sin embargo, todas las clínicas públicas deberán contar con doctores y enfermeras capacitados y no “objetores de conciencia” que puedan presta el servicio de manera oportuna y adecuada.
El de Jimena no es caso aislado, sino una situación generalizada en todo el país. Actualmente, las mujeres enfrentan dos obstáculos para que el sistema de Salud cumpla sus derechos: por un lado el desconocimiento de las leyes vigentes y por otro, los prejuicios del personal de salud.