Presenta Instituto Mexicano para la Competitividad estudio para evaluar el sistema de adquisición y repartición de medicinas en el país
Carlos Uriegas
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acusó que en México existe una falta de políticas integrales de medicamentos que aseguren la competencia y el buen funcionamiento del mercado, situación que se ha acentuado durante la pandemia y que ha derivado en problemas para garantizar el acceso oportuno de la población a medicamentos de calidad.
De acuerdo con el instituto, los cambios en el sistema de compras públicas para adquirir medicamentos, los desafíos regulatorios y la falta de una visión estratégica alrededor del sector farmacéutico, han provocado desabasto, sobrecosto y falta de transparencia en los procesos de compra.
“Los cambios en las políticas y generar las compras consolidadas nacieron con la intención de evitar la corrupción, pero no necesariamente ha sucedido asi, por lo que para identificar los retos más sobresalientes del sector y generar propuestas para garantizar la provisión de medicamentos, IMCO realizó un estudio para detallar los problemas y soluciones para adquirir y surtir los medicamentos en el país”, detalla el estudio del organismo, el cual está disponible en su página de internet.
En cuanto a las compras públicas de medicamentos debido a los cambios en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se realizan bajo procesos de excepción, lo que limita la competencia.
Tratándose del sistema regulatorio de medicamentos, actividad realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se señala que entre los límites para la competitividad se encuentran los “costos altos para los participantes y para el regulador, quien emplea tiempo y recursos en verificar el cumplimiento de requisitos y no necesariamente en dar cumplimiento a las prácticas normadas”.
Además, especifica que ante los recortes presupuestales y de recursos humanos, así como los cambios para que la Comisión ahora dependa de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se cuestiona la objetividad de su funcionamiento administrativo, operativo y técnico.
“Se propone incrementar el gasto público en salud y contar con reglas más transparentes sobre los servicios que cubre el Instituto de Salud para el Bienestar y fomentar la diversificación de oferentes en los procesos de compras públicas de medicamentos, así como la coordinación del diálogo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía para construir una política farmacéutica integral en favor del desarrollo del mercado”.
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