En 2023, se ha registrado una crisis migratoria en América, con un número récord de migrantes y mayores restricciones. Los grupos criminales están obteniendo grandes ganancias gracias a este fenómeno, ya que cobran aproximadamente 200 dólares a los migrantes para asegurarles un paso seguro.
Los grupos criminales obtienen grandes ganancias a través del fenómeno migratorio al cobrar a los migrantes alrededor de 200 dólares para asegurarles un paso seguro.
En América se está experimentando una crisis migratoria sin igual, donde cientos de miles de migrantes se enfrentan a situaciones de extorsión, violencia y robos en su camino hacia el norte. Al llegar a la frontera sur de Estados Unidos, se encuentran con la incertidumbre de no saber si podrán alcanzar su destino final, ya que se han incrementado las restricciones.
En América del Sur, todos los caminos migratorios atraviesan la selva del Darién, que es la frontera natural entre Colombia y Panamá. El viaje comienza en el golfo del Urabá, en el noroeste de Colombia, una región que ha sido históricamente dominada por grupos armados y donde no hay presencia del gobierno colombiano.
Según Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, la frontera ha sido permeable y ha sido escenario de diversos tipos de tráfico. En un momento dado, se movían armas en el área del Darién, luego se empezó a transportar clorhidrato de cocaína y, más recientemente, el tráfico de migrantes ha aumentado debido a la crisis en Venezuela.
La migración a través de esta selva de montaña no es algo nuevo, sin embargo, a partir de 2019, ha ido aumentando considerablemente, alcanzando récords sucesivos hasta superar los 500 mil migrantes registrados en 2023, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades de Panamá.
La migración genera grandes ganancias a los grupos delictivos, quienes cobran alrededor de 200 dólares a los migrantes para asegurarles un paso seguro por el Darién. Algunos informes estiman que estas ganancias llegan a alcanzar los 57 millones de dólares al año.
La selva del Darién puede ser una experiencia aterradora para los migrantes que la atraviesan diariamente, ya que están expuestos a ataques de animales salvajes, repentinas crecidas de ríos, violaciones sexuales o robos perpetrados por criminales, quienes les quitan lo poco que poseen.
Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se han registrado 42 casos de muertes o desapariciones en el área de Darién hasta principios de diciembre. Sin embargo, otros informes indican que la cifra es aún mayor. El año pasado, el número de casos llegó a 141.
En Lajas Blancas, una de las estaciones migratorias que brinda atención a los migrantes, el venezolano Daniel Cruz relató cómo estuvo a punto de ahogarse mientras intentaba ayudar a varias personas que no sabían nadar. Su objetivo era evitar cualquier pérdida de vidas.
Las autoridades de Panamá, junto con varios organismos internacionales, están proporcionando ayuda médica y alimentación a los viajeros en estos centros. Este operativo, que es único en el continente, ha tenido un costo de al menos 70 millones de dólares para el Estado.
Además, se encargan de coordinar los servicios de transporte en autobús, que son financiados por los propios migrantes, para que puedan seguir su trayecto hacia el norte sin detenerse en Panamá. Esta práctica es común en otros países de Centroamérica.
Honduras es una nación que tiene una gran cantidad de personas que emigran o transitan por su territorio. Cada día, más de 500 hondureños se arriesgan en la búsqueda del "sueño americano", mientras que en lo que va del año, medio millón de migrantes han pasado por el país, la mayoría de ellos venezolanos, pero también ecuatorianos, haitianos y personas de África o Asia.
A menudo, muchas personas se encuentran con el mismo obstáculo: la escasez de dinero para continuar su viaje. Esto los lleva a quedarse en el país de tránsito durante semanas o meses, mientras juntan el dinero necesario, que en el caso de Honduras es de aproximadamente 45 dólares por persona, para pagar el transporte hasta la frontera con Guatemala.
En el norte de México se encuentra la última de estas fronteras, donde diariamente llegan miles de migrantes que acampan esperando una oportunidad para ingresar a Estados Unidos. Ciudad Juárez se ha convertido en uno de los lugares más afectados por este éxodo, ya que se encuentra abrumada por el flujo migratorio y los servicios municipales están desbordados.
Según el padre Francisco Bueno Guillén, quien dirige la Casa del Migrante, que es uno de los albergues más grandes de la ciudad, este año ha sido histórico en términos de migración.
Según el sacerdote, alrededor de 100 mil o 105 mil personas llegaron a la frontera con el objetivo de cruzar. El sacerdote también advirtió que se espera que esta cifra se mantenga en niveles similares en los años venideros.
Los migrantes están perdiendo la esperanza y tienen menos confianza en el proceso legal de ingreso a Estados Unidos.
La situación se agrava ya que muchos de los que llegaron en mayo aún no han conseguido programar una cita a través de la aplicación CBP One, la cual es necesaria para acceder al proceso migratorio oficial de entrada a los Estados Unidos.
A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por frenar la migración, no han tenido éxito. En mayo, se suspendió el Título 42, una medida controvertida que permitía la expulsión inmediata de migrantes indocumentados sin la opción de solicitar asilo. Con esta acción, el Gobierno de Joe Biden tuvo la oportunidad de establecer su propia perspectiva sobre la situación fronteriza.
Limitó la entrada al asilo y la dirigió a través de la aplicación CBP One, advirtió que deportaría de inmediato a aquellos que crucen de manera irregular y comenzó una estrategia de política exterior para solicitar a otros países de la región, como Colombia, Panamá o México, que actúen como barrera para el flujo de migrantes.
No obstante, la situación actual se hizo evidente. Según Ariel Ruiz, un analista del Migration Policy Institute en Washington, Estados Unidos carece de los medios y recursos necesarios para deportar o detener a la gran cantidad de personas que buscan alcanzar el sueño americano.
Un caso ejemplar es cuando se retoman los vuelos de deportación hacia Caracas, lo cual es significativo pero insuficiente: se realizan solamente de 1 a 2 vuelos semanales con 170 personas, mientras que mensualmente se registran más de 20 mil detenciones de venezolanos en la frontera.
Junto con las acciones tomadas en la frontera con el fin de desalentar los viajes por tierra, Washington ha impulsado alternativas legales para llegar al país. Una de las más destacadas es el permiso humanitario para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, el cual ha permitido el ingreso de más de 260 mil migrantes de estos cuatro países en lo que va del año, según información proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Estados Unidos se unió a otros países y a ACNUR para implementar la iniciativa de "movilidad segura", con el objetivo de dirigir a los migrantes hacia el programa de refugiados.
A pesar de esto, el plan no ha tenido éxito y, de acuerdo a la información más reciente, menos del 10% de las numerosas personas que se han registrado han podido pedir esta protección.
Según datos de la Agencia EFE
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