Andrés Manuel López Obrador, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre otros funcionarios, podrían ser destituidos del cargo
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre otros funcionarios, podrían ser destituidos del cargo y sancionados con penas privativas de la libertad por la consulta pública que se lleva a cabo en Baja California sobre la operación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands.
En un comunicado, la Coparmex informó que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, Jesús Rodolfo Cristena, ordenó implementar medidas para evitar la propagación del coronavirus y garantizar la salud de los participantes en la consulta pública que se celebra en Mexicali.
Indicó que, al conceder un amparo a un grupo de ciudadanos, el juez ordenó a las autoridades que, antes de la consulta y en un lapso no mayor a 24 horas, que se cumplieron a la una de la tarde de este sábado, implementaran e informaran de todas las medidas aplicadas para evitar un riesgo de contagio.
La Coparmex resaltó que, en caso de incumplimiento por parte de las autoridades responsables, entre ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador, se determina la posibilidad de sanciones privativas de la libertad y la destitución de los funcionarios.
Detalló que la omisión de las autoridades de dictar medidas sanitarias suficientes para evitar la propagación de la epidemia, configura un acto prohibido en el artículo 22 de la Constitución, pues impactan en el derecho a la salud y, a la postre, en el derecho a la vida de la comunidad mexicalense.
De acuerdo con la Coparmex, la decisión de realizar la consulta, además de poner en riesgo la salud de las familias mexicalenses, está poniendo en riesgo la inversión industrial más importante que se ha dado durante las últimas décadas en Baja California, en plena antesala a una fuerte crisis económica mundial.
Resaltó que, más allá del resultado, la consulta sentará un grave precedente para la certidumbre en las futuras inversiones en México, mismas que se podrían posponer o, incluso, detener, debido a la falta de seguridad jurídica para llevarlas a cabo.