Cuatro diputadas de oposición oficiaron este viernes al ministro de Salud, Emilio Santelices, para que se dicte “con urgencia” un nuevo reglamento de objeción de conciencia para la ley de aborto en tres causales, tras un mes de que la Contraloría declarara ilegal el anterior decreto.
Las parlamentarias Gael Yeomans (FA), Marisela Santibañez (PRO), Karol Cariola y Camilla Vallejo (PC), junto a la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, solicitaron además que se informe si es que las clínicas que se han acogido al protocolo de objeción de conciencia institucional siguen recibiendo recursos del Estado, otro de los puntos rechazados por la Contraloría.
Al respecto, la diputada Karol Cariola declaró creer en la hipótesis de que el Gobierno no ha avanzado en esta normativa para dilatar la implementación de la legislación, motivo por el cual, añadió, decidieron solicitar por oficio que se informe del estado de avance del documento.
“Todos escuchamos al Ministro, con una tremenda elocuencia en la interpelación, diciendo que para ellos lo primero eran los derechos de las mujeres, que estaban disponibles a cumplir con la ley, pero sin embargo, hasta ahora, las consecuencias de eso es que ha pasado más de un mes, y no ha habido ninguna sola medida pública, que nosotras conozcamos, para entregar la prestación”, afirmó la diputada del PC.
En esta línea, la diputada Gael Yeomans -autora del oficio presentado en el Minsal- agregó el otro punto en cuestión: “Desconocemos, además, si las clínicas que se han declarado como objetoras de conciencia institucional continúan acogiéndose a esto y además recibiendo recursos del Estado, por lo que estamos solicitando de manera formal esa información al ministro”.
Por su parte, la diputada del PRO Marisela Santibañez señaló que “el ministro Santelices no ha cumplido sus compromisos y vuelve a fallarle a las mujeres del país. Hemos visto a un ministro dormido, que evita referirse a este tema mientras hay mujeres en todo el país que viven en incertidumbre por no contar con médicos que realicen la prestación”.
Finalmente, la diputada comunista Camila Vallejo, expresó que “estamos ante un Gobierno que asume con total irresponsabilidad la realidad de niñas que han sido víctimas de violación y que producto de esa violación han quedado embarazadas. Para ellas una semana más de espera, por ausencia de este reglamento que les permita acceder a un derecho e interrumpir ese embarazo en caso de ser violadas, es grave. Una semana más, significa una semana más de embarazo y menos posibilidades de interrumpir su embarazo”.
En tanto, desde el gobierno, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, afirmó a radio Bío Bío que el documento se encuentra en su fase final de elaboración, sometida a los últimos ajustes jurídicos entre el Minsal y la Segpres.
WNos estamos poniendo inquietos, porque en realidad nosotros habíamos pensado tenerlo en un plazo no más allá de una semana o diez días, y ya han pasado más, entonces es absolutamente comprensible la inquietud que se genera”, puntualizó Burgos.
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Source: El Ciudadano